8º Seminario Internacional “Democracias Capturadas. Desafíos para América Latina”.
Ciudad de México, 17 de octubre de 2019.
- Año con año, la Red por la Rendición de Cuentas del CIDE[1] ha convocado a una reunión anual para detonar —gracias a la participación entusiasta de una pluralidad de actores e instituciones como las aquí presentes— un debate informado. La octava edición del Seminario Internacional ha sido dedicada al tema de las “Democracias capturadas: desafíos para América Latina”. Con esta temática queremos analizar y discutir las estrategias que los países de la región han desarrollado para enfrentar sus problemáticas más visibles.
- América Latina comparte mucho más que un pasado colonial y un lenguaje común. Es una región cuya diversidad étnica, riqueza cultural e identidad es motivo de orgullo y ha llevado a soñar con un espacio de unión e integración que sólo ha sido parcialmente acariciado en distintos momentos de su historia.
- Es una región con un importante potencial transformador, que ha enfrentado intervenciones, dictaduras militares, represión y violencia. Una región que en la década de los setenta y ochenta tuvo un lento y doloroso tránsito hacia la democracia y que paradójicamente hoy en día enfrenta una alarmante desafección hacia los pilares mismos de la democracia. Recientemente, hemos visto que en la región se ha cedido a la militarización bajo la excusa del combate a la inseguridad; se ha cedido a la protección de la privacidad bajo el pretexto de un necesario mayor control gubernamental; se ha abdicado a la calidad en el debate público por darle crédito a los ataques y rumores; se ha cedido pluralidad bajo la justificación de la construcción de un proyecto político que realmente responde a las necesidades de un “pueblo” imaginario.
- La desilusión y el desapego hacia la democracia como forma de vida constituye una grave amenaza hacia las libertades fundamentales. En los últimos 23 años, según el Informe Latinobarómetro 2018, la democracia logró niveles altos de apoyo en 1997 (63%) y 2010 (61%). Sin embargo, desde entonces, la indiferencia hacia este tipo de régimen así como los niveles de desconfianza hacia el gobierno y las instituciones han aumentado dramáticamente a excepción de Uruguay, Chile y Costa Rica. Sin duda, diversos escándalos de corrupción en toda la región han contribuido a esta “desilusión democrática”.
- La necesidad de enfrentar la corrupción desde sus raíces ha incentivado una serie de reformas orientadas a fortalecer la rendición de cuentas en la región. Esto ha dado como resultado —en la mayoría de los casos— un mayor y mejor acceso y uso de la información pública, la necesidad de mejorar el registro de las acciones cotidianas de las administraciones, recomendaciones para mejorar la gestión pública, el desarrollo de esquemas de fiscalización cada vez más oportunos, así como el mantenimiento de reglas claras que garantizan el desarrollo de procesos electorales pacíficos, equitativos y plurales.
- La necesidad de mayor participación ciudadana también se ha hecho patente. Mecanismos de gobierno y parlamento abierto así como distintas vías de colaboración y de co-creación institucional han abierto vías de diálogo con diversos actores sociales aumentando la corresponsabilidad. Estos cambios, aunque muy importantes, no han logrado aún hacer de la rendición de cuentas una práctica cotidiana. La rendición de cuentas entendida como el conjunto de normas, instituciones y procesos que permiten informar, justificar y generar responsabilidades por las decisiones públicas tomadas aún se mantiene como una promesa.
- ¿Cómo avanzar hacia un ejercicio cotidiano de rendición de cuentas? En la Red por la Rendición de Cuentas-Comunidad PIRC se dijo desde el principio que en el caso mexicano había que transitar de un esquema de fragmentación de esfuerzos sociales, políticos e institucionales a uno de colaboración. Este diagnóstico propició la construcción de reformas necesarias en materia de acceso a la información, transparencia, fiscalización y responsabilidad así como la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. El SNA no es más que una instancia de colaboración entre instituciones fundamentales para que la rendición de cuentas suceda. Su funcionamiento tanto a nivel nacional como subnacional no ha estado exento de problemas que van desde la politización de las designaciones hasta los diversos intentos de sabotaje. Pero aún así, en algunos estados ya se trabajan políticas estatales de combate a la corrupción que incluyen ejes necesarios como: la claridad de mandatos, los esquemas de profesionalización, la colaboración y seguimiento de las denuncias, mecanismos de colaboración interinstitucional, esquemas de participación ciudadana y formas de acceso a la información.
- En la región latinoamericana se han seguido distintos esquemas de combate a la corrupción. En varios países el problema constituye un auténtico caso de “Democracias capturadas”, es decir, gobiernos que llegan al poder mediante vías democráticas pero cuyas prioridades responden a intereses de grupo o a la necesidad de concentrar mayor poder para perpetuarse en el mismo. Algunos de los problemas más frecuentes en la región en cuanto al combate a la corrupción son los que han inspirado la estructura de este Seminario. Estos son:
- La idea según la cual frente a la debilidad y falta de autonomía y capacidades de las instancias de justicia se compensa a través de instancias y mecanismos de cooperación internacional como la Comisión Internacional de Combate a la Impunidad en Guatemala, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), la Comisión contra la Impunidad en El Salvador y otras instancias similares cuyo desempeño es útil para develar casos y redes de corrupción pero cuyo impacto en el largo plazo es limitado frente a la necesidad de: fortalecer las capacidades de los Estados, reformar el sistema de justicia, promover la autonomía de los podres públicos y fortalecer la soberanía nacional.
- El principio mediante el cual se cree que la fiscalización debe ser una herramienta para detectar desfalcos y activar sanciones. Creemos que la información de la fiscalización es de enorme riqueza y que debiera maximizarse tanto para la organización y aprobación presupuestal como para orientar acciones de prevención e inteligencia institucional así como para aumentar la vigilancia y exigencia ciudadanas.
- El principio mediante el cual se cree que la corrupción es solamente un problema de individuos y de convicciones personales. Estamos convencidos de que el fenómeno de la corrupción, cuando es estructural, es un problema complejo que involucra redes que requieren ser detectadas, comprendidas y desmanteladas. Por ello, la sanción y persecución individual es un distractor frente a la necesidad de atajar las rutinas, los vacíos legales , el abuso y las complicidades entre sector público y privado.
- Finalmente, la corrupción político-electoral. Casos de corrupción internacional como Odebrecht han revelado cómo esquemas de defraudación y de empresas fantasma funcionan como fuentes de financiamiento político-electoral. Ese problema aún no ha sido resuelto y requiere ser analizado para encontrar nuevos esquemas de fiscalización, prevención y seguimiento del gasto que ejercen los partidos políticos.
- Hay dos visiones problemáticas de la corrupción: la individualista y la burocrática. La primera de ellas entiende a la corrupción como un problema de individuos malos, corruptos, con valores perniciosos. La segunda entiende a la corrupción como un problema burocrático, que se atiende cuando ya sucedió, de modo que las consecuencias se asignan en función de las responsabilidades correspondientes de acuerdo con los diseños de las organizaciones públicas. Esta segunda visión responde a la ‘ruta de papel’, es decir, que se puede sancionar sólo lo que se encuentra registrado en los archivos públicos.
- En México, ambas concepciones generan problemas para hallar las soluciones posibles o siquiera las estrategias de acción. Primero, porque cambiar los valores de las personas implicaría la presencia e intromisión del Estado en la vida privada de los individuos, es decir, en aquello que Max Weber denominó la “ética de convicción”. Segundo, porque cambiar los valores morales de los individuos es una tarea harto difícil, no sólo de implementar, sino de diseñar, pues ¿quién decidirá cuáles son los nuevos valores? Tercero, porque, aunque se consiguiera eso no garantiza ni que se concluya el problema, ni que los nuevos convencidos efectivamente tengan interés por participar en los asuntos públicos. La visión individualista ofrece estrategias inciertas en sus resultados.
- La visión burocrática, dado su origen legalista, tiene el problema de limitar el combate a la corrupción no sólo a los momentos posteriores a los hechos de corrupción, sino a aquellos que se encuentran efectivamente tipificados como delitos o como faltas administrativas. El segmento de hechos deshonestos y malas prácticas que no se encuentran en esos supuestos (pactos, manipulación de información, vacíos normativos), permanecerán intocados en una estrategia de esta naturaleza.
- Para este Seminario se han invitado a activistas, funcionarios públicos de instituciones de rendición de cuentas y funcionarios protagonistas del combate a la corrupción como Santiago Nieto y María de la Luz Mijangos. También a profesores entrañables para el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Las participaciones de Luis Osvaldo Maira, Julio Sau Aguayo y Roberto Bouzas —todos ellos con un destacado papel en la academia y el activismo social— confirman la vocación del CIDE como una institución pública, plural y con orientación social. Para ellos, en tiempos en los que reinó la violencia de la intolerancia y la dictadura, el CIDE significó una casa para la generación libre de ideas y propuestas. Este es el CIDE que invita a la reflexión y la propuesta y esta es la institución que con la participación entusiasta del GIZ México, INAI, INE, INFOCDMX y UDLAP Jenkins invitan a la ciudadanía en general a acompañar este esfuerzo de debate y propuesta compartida.
[1] La Red por la Rendición de Cuentas es un conjunto de 80 organizaciones sociales, públicas y académicas que han participado en la elaboración de propuestas de política pública para la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Desde el 2018 se fusionó con la Comunidad PIRC la cual agrupa a 216 investigadores provenientes de 62 universidades de todo el país.
