Desde 2015, los mexicanos consideran la corrupción como el segundo principal problema en su entidad federativa, solo por debajo de la inseguridad y delincuencia. En un contexto de prácticas y alta percepción de corrupción, hay otro factor que cobra relevancia: la impunidad.
La mayoría de los casos de corrupción no se sancionan. De acuerdo con la investigación realizada por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y TOJIL, entre el primero de enero de 2019 y el 31 de mayo de 2020, únicamente ocho estados reportaron haber judicializado más del 5% de las investigaciones iniciadas, es decir, son muy pocos los casos llevados ante la autoridad competente para recibir una sanción.
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