Activistas y representantes de la sociedad civil condenaron la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCNJ) de avalar la llamada “Ley de Cuates” para prolongar el mandato de los nuevos magistrados electorales.

Los ciudadanos advirtieron que la decisión daña la credibilidad de la Corte y deja “tocado” al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ) para calificar las elecciones presidenciales del 2018.

Luis Fernández, presidente del consejo de Participando por México, denunció que el fallo de los ministros exhibió que la política le ganó al derecho.

Advirtió que la discusión registrada en el pleno de la Corte dejó ver que quienes avalaron la constitucionalidad de la reforma que “apapachó” a los nuevos magistrados presentaron argumentos muy frágiles.

“Es muy lamentable, porque se privilegiaron los argumentos políticos sobre los legales”, criticó el integrante de la organización que interpuso un amparo en contra de la reforma ‘fast-track’ aprobada en el Congreso para beneficiar a los magistrados.

Fernández consideró que la decisión manda una muy mala señal frente a las elecciones del próximo año, ya que el respaldo a la “Ley de Cuates” pone en evidencia que las designaciones se realizan con una lógica de cuotas.

“Pervierte la lógica de que los órganos del Estado no sólo deben ser independientes, sino parecer independientes”, señaló.

“Ahora, seis ministros decidieron poner en duda la legitimidad del órgano electoral que calificará la elección del 2018”.

El activista alertó que, ante la falta de legitimidad de los magistrados, los comicios del próximo año y un resultado cerrado se convertirán en un caldo de cultivo para polarizar a la sociedad.

“Eso no lo alcanzaron a leer los ministros”, criticó.

Fernández sostuvo que la “Ley de Cuates” muestra la importancia de que las designaciones de los ministros de la Corte también se alejen del reparto y de las cuotas de partido en el Congreso.

Adelantó que, frente a la próxima renovación de dos espacios en el tribunal constitucional, la sociedad civil queda obligada a dar un intenso seguimiento para obligar al Senado a que los nuevos ministros no lleguen por cuates o por cuotas.

“Que sean personas más capaces en lo jurídico y que no tengan vínculos con los partidos o que le deban su trabajo a los actores políticos”, aseveró.

La activista y senadora independiente Martha Tagle consideró que el Tribunal llegará tocado a los comicios del próximo año y pidió no perder de vista que la resolución de la Corte se da cuando los magistrados tienen en sus manos validar las elecciones de los estados de México y Coahuila.

“Cambiar las reglas a modo para beneficiar a algunos no beneficia a nadie, porque deja tocado al Tribunal, lo deja vulnerable, con un estigma de que fueron beneficiados y que están condicionados a los intereses de quienes hicieron las reformas”, dijo.

“La decisión vulnera a los procesos electorales que están en puerta. En esta resolución nadie gana, porque pierden la democracia y los ciudadanos. No hay credibilidad en las instituciones y este tipo de fallos las debilitan aún más”.

La ex legisladora consideró que, tras lo ocurrido, el TEPJF queda doblemente obligado a demostrar que es un órgano independiente frente a los intereses de los partidos que decidieron hacerle un favor a varios de sus integrantes, al prolongar el periodo de su mandato.

“Es preocupante lo que ocurrió. Los magistrados tienen que dar muestras de independencia y las elecciones del Estado de México y Coahuila una oportunidad”, dijo.

Alejandro Madrazo, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), también criticó la decisión de la Corte.

“El chambismo hasta la irresponsabilidad. ¿No se dan cuenta de que nos llevan a un 2018 con el árbitro desacreditado?”, cuestionó.

Fuente: Reforma