De acuerdo con registros de la SCJN, este 20 de abril fue la fecha límite para recibir controversias constitucionales en contra de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Este jueves concluyó el plazo para que fueran presentadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el último tipo de impugnaciones en contra de la segunda parte del denominado Plan B de la reforma electoral.
De acuerdo con registros de la SCJN, este 20 de abril fue la fecha límite para recibir controversias constitucionales en contra de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como de la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
El plazo para que presentaran acciones de inconstitucionalidad, el otro tipo de demanda posible para impugnar este segundo paquete de reformas en materia electoral, ya había vencido.
De acuerdo con las notificaciones públicas del máximo tribunal del país, hasta este jueves han sido registradas ocho acciones de inconstitucionalidad contra la segunda parte del Plan B electoral promovidas por Movimiento Ciudadano, PRD, PAN, PRI, del partido político local en Jalisco, Hagamos, así como de diputados y senadores de oposición, y del Instituto Nacional de Trasparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
En cuanto a controversias constitucionales sólo se han registrado tres: la del Instituto Nacional Electoral (INE) -presentada cuando Lorenzo Córdova todavía presidía este organismo-, así como de las Institutos Electorales de Durango y Quintana Roo.
Por lo que, hasta este jueves, la segunda parte del denominado Plan B electoral suma un total de 11 impugnaciones, las cuales son analizadas por el ministro Javier Laynez Potisek, encargado de este asunto.
En lo que respecta a la primera parte de modificaciones de ley en materia electoral también ya se habían agotado los plazos para promover tanto acciones de inconstitucionalidad como controversias constitucionales.
Estas reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas registraron un total de siete acciones de inconstitucionalidad, de las cuales seis, promovidas por Movimiento Ciudadano, PRD, PAN, PRI, así como diputados y senadores de oposición, fueron admitidas a trámite por el ministro instructor de este asunto, Alberto Pérez Dayán.
Respecto a las controversias constitucionales, un total de 161 fueron presentadas principalmente por presidentes municipales de diferentes entidades y principalmente de oposición, así como por gobiernos estatales, Institutos Electorales y Congresos locales.
Fuente: Milenio
