El que avisa no es traidor, reza una frase popular. Así pudo llamarse la campaña de recaudación de firmas que en su momento inició Fundar, Centro de Análisis e Investigación para exigir la publicidad de las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos de más alta responsabilidad en el país. Una nota de contexto puede ayudar a entender la relevancia de esta referencia. El presidente Peña y su gabinete hicieron pública su declaración patrimonial el 16 de enero de 2013.
Esta acción, fuertemente criticada por ser un acto más próximo a la simulación que a la rendición de cuentas, formaba parte de la zaga de medidas mediáticas para mostrar que los compromisos de campaña eran efectivamente cumplidos. El Presidente, durante la presentación de su declaración patrimonial dijo lo siguiente: “Reafirmo mi convicción democrática de conducirme con absoluta transparencia en el ejercicio de la elevada responsabilidad (…) de servir a todos los mexicanos como Presidente de la República”.
Pero él y su gabinete no estaban actuando en apego a los más altos estándares de probidad pública, sino bajo la máxima política de jugar con las formas para mantener intocado el fondo. Revelaron sus declaraciones, pero de forma parcial y con vacíos significativos de información. En reacción a dicha actitud Fundar planteó, el 17 de junio de 2013, lo siguiente: “Necesitamos fortalecer la confianza en las instituciones públicas. Una forma es dar herramientas a las y los ciudadanos para que conozcan si los servidores públicos se desempeñan de manera transparente y honesta, y sancionarlos en caso contrario. Las declaraciones patrimoniales abiertas al escrutinio público son insustituibles para prevenir y/o detectar actos de corrupción, específicamente el enriquecimiento ilícito y los conflictos de interés.”
El texto con el que Fundar invitaba a exigir en la plataforma de Change.org la publicidad de las declaraciones patrimoniales remataba con una frase tan contundente como rebosante de pertinencia en estos días. Decía: con la honestidad no se juega. De esto hace ya más de 17 meses.
Lo cierto es que la crisis de credibilidad y de legitimidad por la que atraviesa este gobierno tiene costos en múltiples frentes. En reacción a lo que es un escándalo de carácter internacional, el Presidente ha tenido que salir a incrementar la información disponible al público sobre la evaluación de su situación patrimonial. Pero poco o nada sabemos sobre sus intereses económicos, financieros o de negocios. Tampoco tenemos información confiable sobre su familia. Cierto, habrá quien alegue que el único servidor público es el Presidente y no su familia. A esas personas quizá les convenga leer con más detalle la legislación mexicana, las convenciones internacionales que sobre el tema hemos firmado, las recomendaciones de los comités internacionales que existen y las mejores prácticas internacionales comparadas. La respuesta técnica, jurídica y práctica está ahí.
Mientras tanto, la prensa internacional se divierte con las explicaciones, entre barrocas y curiosas, que sobre sus propiedades dan nuestros altos funcionarios. También reportan lo esotérico de la información que las declaraciones patrimoniales contienen. Y en el gobierno andan buscando culpables del descrédito en el que está el país, sin asumir su responsabilidad por no entender algo tan sencillo como que con la honestidad no se juega.
Fuente: El Universal
