Hace unos días, el INEGI publicó la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2022 que, entre otras cosas, aporta datos sociodemográficos sobre la población mexicana. En esta ocasión mostró una realidad innegable: en nuestro país, las personas en situación de pobreza y con otras carencias sociales son quienes ven su derecho a la salud más vulnerado.
De forma alarmante, la ENIGH 2022 revela que 40 % de la población -equivalente a 50.4 millones de personas- no cuenta con acceso a servicios de salud, a pesar de que este derecho está reconocido en el artículo cuarto constitucional. Además, el porcentaje de personas sin acceso a salud ha aumentado drásticamente, pasando de 15.6 % en 2016 y 2018 a 40 % en 2022. 1
La ENIGH 2022 también evidencia que son las personas de población abierta, es decir, aquellas sin un empleo formal, quienes mayormente han perdido este acceso: mientras que, en 2016, 49 % tenía atención médica, para 2020, este porcentaje disminuyó a sólo 16.2 %. 2
Estas cifras muestran que las reformas impulsadas desde 2019 al sistema de salud que atiende a la población sin seguridad social no han avanzado hacia la universalidad que proponían y, por el contrario, han ampliado la carencia de acceso a la salud.
El Seguro Popular 3 operó de 2003 a 2019. Este actuaba como un esquema entre la federación y los estados para financiar un catálogo acotado de intervenciones en salud para población sin seguridad social.
En 2019, el Seguro Popular contaba con 52 millones de personas afiliadas. En ese mismo año, el gobierno reformó la Ley General de Salud para eliminarlo y sustituirlo por el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).
En 2020, el INSABI comenzó a operar como el nuevo sistema de salud para población sin seguridad social. Se propuso cubrir 66 millones de personas (14 millones más que el Seguro Popular) y prometió ampliar las intervenciones financiadas, así como asegurar la gratuidad de los medicamentos, análisis y tratamientos.
El INSABI enfrentó, durante sus primeros años, múltiples desafíos de planeación, presupuestación e implementación. Uno de sus retos fue que la población nunca contó con suficiente información sobre cómo podía acceder a sus servicios, lo que se evidenció con el aumento en el porcentaje de población que declaró no tener acceso a salud, pasando de 15.6 % en 2018 a 28 % en 2020. 5
Ante su fracaso, en 2023 el INSABI fue formalmente sustituido por el IMSS-BIENESTAR que, de ser un programa, se convirtió en un organismo público dependiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El IMSS-BIENESTAR apuesta por la centralización en la provisión de servicios mediante la firma de acuerdos con entidades federativas. También establece la creación de un padrón de personas beneficiarias y propone el Modelo de Atención a la Salud para el Bienestar (MAS-Bienestar). Sus reglas de operación, lineamientos y las enfermedades de alto costo que cubrirá se definirán en los próximos meses.
Recomendaciones para cerrar las brechas en salud
En un contexto en que 40 % de la población señala no tener acceso a servicios de salud y se encuentra desprotegida de un derecho humano, el recién creado IMSS-BIENESTAR debe emprender acciones para evitar repetir los errores del INSABI:
- Dado que el IMSS-BIENESTAR se creó en un proceso legislativo cerrado y apresurado, es primordial que sus lineamientos y reglas de operación se hagan a partir de la participación ciudadana sustantiva e involucrando a organizaciones de pacientes y comunitarias, profesionales de la salud, academia, organismos internacionales, etc., que puedan enriquecer con su experiencia y conocimiento.
- Es fundamental socializar ampliamente su modelo de atención y cobertura entre la población objetivo para que conozca cómo puede afiliarse y acceder a la atención. Adicionalmente, debe difundir cuál es el plan para fortalecer su infraestructura y garantizar los derechos del personal médico y administrativo en esta transición.
- Este nuevo esquema tiene que clarificar cuáles serán las responsabilidades de la Secretaría de Salud federal, el IMSS-BIENESTAR y las Secretarías de Salud estatales en la planeación, implementación, evaluación y mejora de los servicios para poder exigir rendición de cuentas. Esto incluye conocer las metas, objetivos e indicadores que se usarán para evaluar el nuevo modelo de atención.
- Históricamente, el sistema de salud para población abierta ha contado con menos recursos que aquellos para población con empleo formal. Por ejemplo, en 2023, el gasto por persona en los servicios de salud de Pemex es de $ 24,000, mientras que en el INSABI/IMSS-BIENESTAR es de sólo $ 3,780. Reducir las brechas entre la población con y sin empleo formal requiere que el gobierno destine una cantidad suficiente y progresiva de recursos para el IMSS-BIENESTAR.
Las transiciones no son sencillas, implican muchas transformaciones, por lo que deben ser transparentes, rendir cuentas y ser una oportunidad para ampliar -y nunca disminuir- derechos humanos.
* Janet Oropeza es investigadora del programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, y Miriam Rangel se desempeña como científica de datos en el área de Innovación Tecnológica para la Incidencia de @FundarMéxico.
1 Estos datos fueron calculados con base en la ENIGH 2016, 2018, 2020 y 2022, disponibles aquí.
2 Estos datos fueron calculados con base en la ENIGH 2016, 2018, 2020 y 2022, disponibles aquí.
3 El nombre oficial del Seguro Popular era Sistema de Protección Social en Salud.
4 ASF, Comisión Nacional de Protección Social en Salud Seguro Popular Auditoría de Desempeño: 2017-5-12U00-07-0236-2018 236-DS, p. 23, disponible aquí.
5 Datos de la ENIGH.
Fuente: Animal Político
