Mientras que en la Cámara de Diputados la Minuta que contiene la reforma a la Ley Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se mantiene inexplicablemente en la congeladora, violentando un mandato que la misma Cámara aprobó, la ONG Transparencia Internacional alumbra el Índice de Percepción de la Corrupción, que contiene malas noticias para México y los 182 países restantes que fueron evaluados en el 2011.
El Latino Barómetro 2011, señala que a la Democracia Mexicana le hace falta aumentar la transparencia en el Estado, pero también le sobra la cantidad que en materia de corrupción se percibe.
Nos ubicamos por debajo del promedio latinoamericano en la calificación que los mexicanos otorgan en materia de transparencia: 45% consideran al Estado como transparente, ocupando el noveno sitio entre los 18 países medidos por el Latino Barómetro.
Corrupción que no sede y transparencia que no se amplía, forman porte de la explicación de un dato preocupante: únicamente el 23% de los mexicanos que fueron entrevistados, responden estar “satisfechos” con nuestra democracia, lo cual nos coloca en el último lugar de la tabla, empatados con Guatemala.
Y ahora el Índice de Percepción de la Corrupción, generado por Transparencia Internacional para el 2011, arroja un resultado también preocupante: México se ubicó en la posición 100, entre los 183 países evaluados, cinco más que en la medición realizada el año anterior: Corea del Norte, Santa Lucía, San Vicente, Bahamas y Las Granadinas.
La tendencia del IPC otorgado a México, muestra una tendencia decreciente a partir, curiosamente, del año en que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, fue aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación.
Hemos definido y aceptado que durante la primera década del Siglo XXI, se ha realizado un esfuerzo sin precedentes, en materia de acceso a la información y transparencia, aprobando leyes y construyendo instituciones, a lo largo y ancho de la república mexicana.
Esfuerzo que no cuadra con las mediciones de Transparencia Internacional en materia de percepción de la corrupción: en el 2002 México ocupó el lugar 57 de 91 países evaluados. Al año siguiente se ubicó en la posición 64, que mantuvo en el 2004. Un año después baja al sitio 65 y en el 2006 desciende hasta el 70, y en los primeros dos años del Gobierno del Presidente Calderón, México se ubica en el lugar 72. En el 2009 cae al 89 y en el 2010 ocupa el sitio 98.
Como los cangrejos, caminando en reversa, el IPC 2011 coloca a nuestro país en la posición 100 de las 183 naciones que conforman la muestra, empatado con Argentina, Benin, Burkina Faso, Gabón, Indonesia, Madagascar, Malawi y Djibouti, que al igual que México obtienen un índice de 3.0.
Entre los 32 países del Continente Americano que Transparencia Internacional examina, México ocupa el lugar 21 de acuerdo a los resultados que arrojan las 11 encuestas aplicadas para el IPC de nuestro país.
Pero no solamente en el lugar ocupado en la tabla internacional la tendencia es a la baja. También el valor del IPC obtenido por México mantiene un vuelo que nos recuerda al del bombardero alemán “Stuka”: en picada.
Si al iniciar la primera década del Siglo XXI el IPC mexicano obtuvo un valor de 3.7 (en el 2001), de ahí en adelante fue disminuyendo a 3.6, 3.5, 3.3 y el 3.1 de 2010, para estacionarnos en el 3.0 cosechado este año.
Nos sobra corrupción y nos falta transparencia, señala el Latino Barómetro.
Mientras tanto, en la Cámara de Diputados la Minuta que reforma a la Ley de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, aprobada el 28 de abril de 2010 por el Senado de la República y enviada a la Colegisladora ese mismo día, se encuentra atorada y violentando el mandato constitucional que contiene el Decreto de Reforma al Artículo Sexto de la Carta Magna: estados y federación adecuarán las Leyes de Transparencia.
Decreto publicado el 21 de julio de 2007, lo cual indica que nos aproximamos a mil 600 días esperando a que nuestros Diputados, se tomen la molestia de dar cumplimiento al mandato. Dicho de otra manera: nuestros legisladores llevan más de mil 200 días fuera de la ley, contados a partir del 22 de julio de 2008 y hasta el 30 de noviembre pasado.
