El Gobierno de Colombia anunció este miércoles la inclusión de Panamá en su lista de paraísos fiscales tras el vencimiento del plazo de un año que le dio al vecino país para firmar un acuerdo de intercambio de información tributaria. El pacto tenía como objetivo dar a conocer cuáles son los capitales que tienen sus ciudadanos en Panamá y viceversa.
A través de un decreto fechado el 7 de octubre, Panamá entra en la lista —que incluye 41 jurisdicciones—, junto con naciones como Barbados, Emiratos Árabes, Kuwait y Qatar. Estos cinco países ya habían sido incluidos transitoriamente en la lista gris en 2013. Otros 10 abandonaron la clasificación porque con ellos sí firmaron acuerdos. Sin embargo, el Gobierno colombiano, que hace anualmente una revisión de su lista de paraísos fiscales, ha advertido que esta decisión se podría reservar, si es que en el caso de Panamá, accede a compartir información. “Colombia ha adoptado políticas orientadas a estimular la cooperación entre países con el ánimo de evitar la evasión de impuestos y de acuerdo con los principios de la OCDE”, explicó en un comunicado el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.
El Gobierno de Panamá, por su parte, rechazó la decisión unilateral de Colombia y advirtió que sus autoridades coordinan las “medidas aplicables” de respuesta a los países que “discriminan” contra los intereses panameños. Alertó que entregar información tributaria a Bogotá “pondría en desventaja” al centro corporativo y financiero internacional que opera en su territorio.
Sin utilizar la palabra represalia, la cancillería anunció que ante la decisión colombiana de desconocer al sistema tributario panameño, los ministerios de Economía y Finanzas, Comercio e Industrias y Relaciones Exteriores “trabajan coordinadamente para implementar las medidas aplicables a países que discriminan contra Panamá”.
Las autoridades recordaron asimismo que la medida colombiana responde a “la falta de coincidencia” entre las dos partes para suscribir un Amplio Acuerdo de Intercambio de Información Fiscal. Alegó que “bajo principios de derecho internacional público”, Panamá “no puede ser forzada a negociar acuerdos bilaterales, bajo la amenaza de imposición de un trato discriminatorio”…
Nota completa en: El País
