En un pronunciamiento, los colectivos afirmaron que la iniciativa —la cual se discute en comisiones este 10 de abril— pretende despojar al Tribunal Electoral de su propia naturaleza, pues han obligado a que todos los partidos políticos a nivel nacional tengan un mínimo de personas indígenas, afromexicanas, con discapacidad, migrantes y de la diversidad sexo-genérica en sus candidaturas al Congreso.
Organizaciones y colectivos de personas con discapacidad, personas indígenas, afromexicanas, migrantes y de diversidad sexo-genérica llamaron a los diputados a retirar y desechar la iniciativa que busca limitar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al considerarla regresiva en derechos ganados por grupos vulnerables en materia electoral.
En un pronunciamiento, los colectivos afirmaron que la iniciativa —la cual se discute en comisiones este 10 de abril— pretende despojar al Tribunal Electoral de su propia naturaleza de obligar a los partidos políticos a cumplir la ley electoral, incluyendo las acciones afirmativas reservadas para grupos de vulnerables, frente a la exclusión y la discriminación.
Esto al recordar que desde 2017, autoridades electorales establecieron estas acciones para asegurar que todos los partidos políticos a nivel nacional tuvieran un mínimo de personas indígenas, afromexicanas, con discapacidad, migrantes y de la diversidad sexo-genérica en sus candidaturas al Congreso.
“El criterio garantista del Tribunal Electoral estableció que, en un Estado democrático constitucional, no hay justificación para la exclusión y la discriminación. Concluyó que constitucional, convencional y legalmente, los partidos políticos están obligados a garantizar que personas integrantes de grupos excluidos, subrepresentados e invisibilizados, accedan efectivamente y en condiciones de igualdad a sus derechos de participación política, partiendo de la concepción positiva del derecho a la igualdad y a través de enfoques diferenciados”, señalaron.
Incluso, las organizaciones advirtieron que de aprobarse esta iniciativa, el Congreso no solo estaría dejando de reconocer derechos y obligaciones frente a grupos vulnerados, sino que también estaría violando la Constitución.
Además, señala que el panorama empeora con una posible aplicación de las reformas electorales impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, conocidas como el Plan B, al eliminar facultades del INE para la implementación de medidas afirmativas.
“Es sumamente delicada la sola intención de alterar la letra constitucional para un propósito a todas luces regresivo, pero además de manera apresurada, sin la suficiente reflexión y discusión pública sobre sus consecuencias”, advirtieron.
Fuente: Animal Político