La reforma Constitucional en materia de transparencia forma parte de una agenda muy importante para la vida democrática del país y es un componente indispensable para fortalecer nuestra vida pública; sobre todo a la luz de los casos más recientes de corrupción, discrecionalidad y abuso de los puestos y presupuestos públicos por parte de gobernantes, legisladores y jueces.

Ante este escenario, la única forma de gestionar lo público es incorporando los más altos estándares de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información. Es indispensable contar con mecanismos que permitan transparentar las cajas negras gubernamentales, establecer controles a la discrecionalidad y excesos de las autoridades y que contribuyan a una mayor participación ciudadana en la resolución de los problemas públicos. La reforma constitucional en materia de transparencia, que ya fue aprobada por el Senado de la República, tiene este potencial. Queda ahora en los diputados dar muestra de su voluntad política y responsabilidad pública para aprobar esta reforma.

Sin embargo, las reservas que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha incorporado en la Cámara de Diputados no son una buena señal: de aprobarse el dictamen con las reservas propuestas por el PRI se estaría dando un duro revés a la transparencia y se anularía la efectividad del derecho de acceso a la información, vulnerando así la vida democrática del país.

El Colectivo por la Transparencia considera necesario contar esta historia, aún y cuando el avance sea todavía parcial. Es importante para demostrar que las oportunidades de mejora son realizables aún en entornos complejos, pero sobre todo, porque son el nuevo rasero, el nuevo punto de partida en materia de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas.

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