El clientelismo y amiguismo que existe entre funcionarios fomenta la corrupción en la entrega de recursos a organizaciones sociales, alertaron especialistas y activistas.
Después de que EL UNIVERSAL publicó ayer que el gobierno podría dejar de entregar hasta 6 mil 200 millones de pesos a organizaciones sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la decisión es porque existían casos de corrupción ligados a las ONG.
Lourdes Morales, directora de la Red por la Rendición de Cuentas, señaló que, “efectivamente, hay una serie de organizaciones que no cumplen con los criterios mínimos de transparencia, son asociaciones de tipo clientelar; es decir, están vinculadas a partidos políticos para canalizar recursos”.
Sin embargo, la especialista consideró que “son más las organizaciones que hacen un refuerzo de potenciación de derechos fundamentales, etiquetarlas a todas de la misma forma y quererlas meter en el mismo paquete es un diagnóstico erróneo”.
Por ese motivo, Morales dijo que el gobierno no está atacando al enemigo correcto en el combate a la corrupción, pues las asociaciones son un grupo minoritario y muchas ejercen recursos de buena manera.
Edgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, añadió que “en muchos momentos partidos crearon ONG que obtenían recursos y es una manera muy probable con la que se desvió dinero; eran asociaciones sin reconocimiento público y que no hay evidencia de su trabajo”.
Por su parte, María Enriqueta Cepeda Ruiz, directora de la Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, consideró que el gobierno debe investigar a las fundaciones relacionadas con la iniciativa privada, pues a su parecer éstas podrían ser las que cometen actos de corrupción.
“Si efectivamente el Presidente sabe de casos de corrupción, que vaya y les pida cuentas, porque nosotros también estaríamos apoyando que se denunciaran a todas las organizaciones civiles, así nos sentiríamos más tranquilos”, expuso.
Alaín Pinzón, activista y defensor de derechos humanos, indicó que “la corrupción se presenta del gobierno hacia la sociedad; hay un cierto amiguismo y compadrazgo que permite la entrega poco equitativa de recursos. Se favorece a las asociaciones que están ligadas a la administración federal y a servidores públicos”. Pidió revisar el gasto en lugar de eliminar los fondos.
Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM), comentó que desde su organización han tenido conocimiento de que funcionarios piden a las ONG un moche para que sigan recibiendo recursos.
“Desde que una asociación hace eso pierde todo su carácter social, pero sí hay que decir que no se trata de un asunto generalizado, sino que casos como estos de corrupción suceden de manera particular”, dijo.
Fuente: El Universal
