El escándalo de la utilización de programas sociales con fines electorales, develado por el Partido Acción Nacional en el marco de los comicios electorales en Veracruz, puso en evidencia tanto la fragilidad del Pacto por México como la existencia de una cultura política clientelar enraizada.

Luego de que se dieran a conocer los audios en los que se escucha a varios funcionarios del gobierno de Veracruz condicionando los programas “Oportunidades”, “Seguro Popular”, “Cruzada Nacional contra el Hambre” y “65 y más” al apoyo electoral a favor del PRI, los presidentes del PAN y PRD decidieron suspender todas las actividades relacionadas con el Pacto, entre ellas la presentación de la reforma fiscal.

El PAN presentó una denuncia penal ante la PGR en contra del Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles y 57 funcionarios de gobierno por uso ilegal de recursos públicos.

Además solicitó en una carta, la destitución de 6 funcionarios posiblemente involucrados y la suspensión tanto de Robles como de Duarte.

La consecuencia – tras el linchamiento mediático por el cinismo de los responsables – fue la destitución de 7 funcionarios y la firma de un documento en el cual los signatarios del Pacto se comprometieron a una serie de acciones para “blindar” los programas sociales de su posible manipulación electoral.

Dentro de las acciones destacan: el cumplimiento de la ley (en particular lo relacionado a la reforma electoral del 2007), adelantar los trabajos relacionados con la reforma política, la creación de un sistema nacional de programas sociales y el involucramiento de organizaciones de la sociedad civil tanto en la observación electoral de los comicios que habrá en 14 entidades, como para el monitoreo del uso de recursos públicos en contextos electorales. Este último aspecto resulta relevante en cuanto a que la participación ciudadana fue uno de los ejes excluidos del Pacto por México y por primera vez, aunque de manera coyuntural, se incluye en la discusión.

De igual forma, conforme a diversos reportes de observación electoral de los últimos 10 años, el uso de programas sociales con fines electorales es una práctica que realizan por igual  y en completa impunidad todos los partidos políticos ya que a pesar de ser ilegal, rara vez genera consecuencias.

Esto ha sido motivo de discusiones sobre la necesidad de dotar de mayores herramientas a la observación electoral (denuncias vinculantes) y a las contralorías de los propios programas para que sean funcionales.

Asimismo, a diferencia de los comicios federales, las elecciones locales no cuentan con un fondo de apoyo para la observación electoral y el tejido organizativo de algunas de las entidades en las que se realizarán procesos electorales locales este año es bastante débil.

El “caso Veracruz” ha reavivado estas discusiones y en el marco del Pacto por México se podrían retomar tanto las propuestas sobre políticas efectivas de combate a la pobreza como la participación ciudadana efectiva más allá de los contextos electorales.