Es lugar común tanto en los medios noticiosos como en los foros y debates académicos recientes hablar del incierto futuro que afronta la lucha anticorrupción en México y los retos que se plantean al Sistema Nacional Anticorrupción (en adelante SNA) para superar un proceso de implementación, lento, tortuoso y complejo, a fin de comenzar a ver los primeros resultados eficaces en esta materia.

Recordemos que el SNA fue creado constitucionalmente en 2015 y, desde nuestro punto de vista, a la fecha existen tanto avances como resistencias y retos que delinean un horizonte de claroscuros para la lucha contra la corrupción en México.

Entre los avances que se pueden destacar por su importancia en la construcción del SNA y por su contribución a la conformación de una agenda en la materia, se encuentran los siguientes:

• Marco normativo anticorrupción. A partir de la reforma constitucional mencionada se inició un amplio proceso de creación y modificación de leyes generales, federales y locales en materia de fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción, que buscan una más clara y precisa coordinación entre las autoridades que investigan, sustancian y sancionan conductas delictivas, así como faltas administrativas vinculadas a la corrupción. Si bien dicho andamiaje normativo es perfectible, lo cierto es que ha constituido un punto de partida importante a partir del cual rediseñar la estrategia y las políticas en cuanto a esta temática.

• Participación ciudadana. En cuanto al impulso a la participación ciudadana contra la corrupción, constitucionalmente se reconoció al Comité de Participación Ciudadana (en adelante CPC) como órgano cúspide del SNA, encargado de coadyuvar en los objetivos de coordinación entre las autoridades que participan en dicho Sistema. Al mismo tiempo, el aludido Comité constituye un área de vinculación fundamental para promover la participación activa de organizaciones sociales y académicas en la materia.

• Ejes del CPC. Al asumir la Presidencia del CPC el 8 de febrero de 2019, José Octavio López Presa definió 4 ejes que, a partir de nuestra consideración, serán de valor para orientar el trabajo de dicha instancia. Tales ejes son: 1) Consolidar a las instituciones del SNA y de los Sistemas Estatales Anticorrupción; 2) Impulsar la integridad de profesionistas y servidores públicos; 3) Fortalecer la coordinación interinstitucional y utilizar tecnologías de la información y, 4) Disminuir la corrupción que más afecta a las personas, a las empresas y al Estado.

• Política Nacional Anticorrupción. Tras un arduo proceso deconsulta pública nacional, el CPC, con el apoyo de diversas organizaciones académicas y civiles, especialistas, funcionarios públicos y ciudadanos, acordó la elaboración de una Política Nacional Anticorrupción que hoy en día está en proceso de análisis del Comité Coordinador del SNA, a fin de contar con un documento sólido e integral que identifique las causas, contextos y patrones que permiten la corrupción y define las bases y directrices a corto, mediano y largo plazo, para la prevención, disuasión y combate a la misma a escala nacional.

• Fiscal anticorrupción. A principios delmes de febrero del año en curso, el Fiscal General de la República propuso ante el Senado de la República a María de la Luz Mijangos Borja como Fiscal Especializado de Combate a la Corrupción.

Dicha autoridad, por ley, debe integrar al Comité Coordinador del SNA, por lo que, en caso de ser autorizado su nombramiento, se daría un paso importante en la conformación plena del citado órgano colegiado, ya que se trata de un área primordial, encargada de la investigación penal de hechos de corrupción que, al sumarse a los trabajos grupales coadyuvaría a conformar una visión integral y, a la vez, posicionaría en la agenda pública de esa instancia plural, el impulso, la promoción, el desarrollo y la resolución de los casos de mayor incidencia y gravedad.

• Importancia nacional del tema. Desde nuestra óptica,el avance más significativo a partir de la creación constitucional del SNA es que la sociedad mexicana ha cobrado conciencia acerca de que la corrupción sistemática que vivimos causa graves afectaciones económicas, sociales y políticas, lo cual merma su capacidad de desarrollo y bienestar.

De ahí que el impulso que hoy vemos por parte de grupos sociales organizados (medios de comunicación, periodismo especializado y asociaciones académicas), sea fundamental para continuar posicionando el combate a la corrupción como un tema relevante para demandar resultados tanto a servidores públicos como al gobierno mexicano.

Ahora bien, no todo son buenas noticias. No obstante los adelantos en la materia, la percepción social es que México continúa padeciendo esta grave problemática y cada vez con mayor énfasis, lo que ocasiona una pérdida económica importante y debilita a nuestras instituciones. Así lo muestran los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2018 de Transparencia Internacional, que sitúan a nuestro país en la posición 138 de 180 a nivel global.

A nuestro parecer, algunas de las circunstancias que han incidido negativamente en la implementación del SNA, volviéndolo un proceso pausado, lento e incompleto y, por ende, mermando la lucha anticorrupción, son las siguientes:

• Incompleta integración del SNA y de los Sistemas Estatales Anticorrupción. Al día de hoy, tanto el SNA como los Sistemas Estatales Anticorrupción se encuentran integrados de manera incompleta, ya sea por la ausencia de los magistrados especializados, por la falta de representantes de los comités de participación ciudadana o por la inexistencia de titulares en las secretarías ejecutivas y en las fiscalías locales.

Lo anterior, sumado a la inacabada armonización de los marcos normativos locales, afecta los posibles beneficios del trabajo en redes o sistemas y también degrada la función principal de coordinación entre las instancias que participan en la prevención, disuasión, investigación y combate a la corrupción, inhibiendo la eficacia de las reformas constitucionales y legales y el óptimo funcionamiento del SNA.

• Investigación de casos emblemáticos de corrupción. En días recientes el Fiscal General de la República manifestó que la investigación de casos emblemáticos de corrupción, como La Estafa Maestra, Odebrecht y Ayotzinapa serán reiniciadas.

Al respecto, la experiencia nos muestra que existe una deuda de calidad para el desarrollo de investigaciones sólidas, debidamente fundadas, motivadas y comprobadas mediante elementos de convicción idóneos para acreditar los casos de corrupción.

Por tanto, constituirá todo un reto para la Fiscalía General el desarrollar indagaciones que cuiden tanto aspectos de forma como de fondo, con la suficiente competencia técnica que permita la construcción de teorías del caso comprobables y que, a la postre, deriven en el ejercicio de la acción penal que posibilite al Poder Judicial de la Federación establecer las sanciones pertinentes que castiguen a los infractores e inhiban estos delitos.

• Fiscalización patrimonial. Encuanto al registro y evolución de la situación patrimonial de servidores públicos, las experiencias de casos recientes nos indican que es imprescindible perfeccionar el modelo de fiscalización.

Según nuestra experiencia, existen áreas de oportunidad en los formatos aprobados por el Comité Coordinador, a fin de plasmar adecuadamente el régimen patrimonial de los funcionarios.

Asimismo, hay seriasdebilidades en las capacidades de identificación y seguimiento por parte de quienes tendrán a su cargo la responsabilidad de vigilar la situación patrimonial.

Por añadidura, hoy en día todavía no contamos con la Plataforma Digital Nacional, como herramienta tecnológica que vincule los diversos sistemas (de evolución patrimonial, de denuncias, de sanciones, etc.) que permitan la toma de decisiones en la política anticorrupción, aspecto sobre el que deberá continuarse trabajando para sumar los avances informáticos en el trabajo de coordinación del SNA.

• Distribución de facultades conforme a la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esta norma jurídica de reciente creación dispone que las funciones de investigación, sustanciación y resolución de los procedimientos de responsabilidad administrativa deberán ejercerse por autoridades distintas; esto, según pensamos, a fin de procurar objetividad en el ejercicio de cada una de esas atribuciones.

No obstante lo importante de dicha distribución de actividades relacionadas con el tema disciplinario, lo cierto es que la realidad nos muestra que existe el riesgo de que al interior de los Órganos Internos de Control en el país las áreas que investigan, sustancian y resuelven carezcan de autonomía  técnica, de criterio y decisión que les permita desarrollar sus atribuciones con objetividad.

Bajo ese supuesto, es importante adoptar las medidas preventivas que posibiliten que las áreas disciplinarias de los Órganos Internos de Control sean independientes entre sí, a fin de que los procedimientos a su cargo se desarrollen con imparcialidad, objetividad, certeza y rigor técnico, como lo demandan las disposiciones normativas que sustentan al SNA.

Solamente de esa manera la investigación y la impartición de justicia disciplinaria podrá ser eficaz, ajena a posibles intereses políticos y orientada a cumplir con el propósito principal de mantener el orden, el control y el óptimo desempeño de los servidores públicos en las instituciones de gobierno.

• Falta de una postura y de un pronunciamiento claro y definido en la política gubernamental contra la corrupción. Posiblemente el elemento más importante que hace falta en la lucha anticorrupción es la definición por parte del gobierno federal acerca de la estrategia y la identificación de acciones clave que se habrán de emprender en la materia.

Actualmente no existe un pronunciamiento preciso, acerca de si el combate a la corrupción en México por parte del gobierno federal se dará a través del SNA o en su defecto se buscarán nuevos caminos para atajar dicha problemática.

En principio, nos parece que sería importante el fortalecimiento del marco normativo, estructural y de diseño con que se cuenta.

El problema -desde nuestra óptica- no es por falta de instituciones que promuevan la rendición de cuentas y combatan la corrupción en México, sino por la falta de una política pública clara y de un impulso determinante desde los órganos de decisión del gobierno federal, para hacer frente a la corrupción mediante acciones concretas que puedan efectivamente desmantelar las redes de complicidad creadas, en busca de resultados eficaces que superen las barreras de impunidad al momento de sancionar estos actos.

La sociedad busca resultados prácticos y que puedan medirse en el corto, mediano y largo plazo, por lo que nos parece que los discursos contra la corrupción deben dar paso al combate enérgico y decidido de la misma.

En los casos graves de corrupción en México se trata no solo de hacer funcional el SNA como medio de coordinación entre las instituciones, sino de llevar a estas últimas mediante el empuje, la participación y la contraloría social a que produzcan los resultados que de ellas se esperan.

Nos encontramos en un tiempo que nos parece propicio para demandar del nuevo gobierno federal acciones puntuales en aras de mejorar las circunstancias y el contexto de la lucha contra la corrupción.

Para ello, creemos que es necesario generar la conciencia en el ámbito gubernamental de que los resultados contra este flagelo se darán en la medida en que se ponga manos a la obra mediante investigaciones sólidas en el ámbito penal y administrativo; a través de la inteligencia institucional acumulada; con el uso de las tecnologías de la información; por medio de agentes gubernamentales debidamente capacitados en esta materia y, por supuesto, ante la vigilancia y presión ciudadana a fin de que los órganos a los que compete aplicar las sanciones actúen decididamente en los casos sometidos a su conocimiento.

Sin duda, se trata de un trabajo arduo que involucra muchas instituciones y sujetos de todos los niveles y ámbitos de gobierno, sin embargo, las circunstancias de hoy nos compelen a exigir desde nuestros respectivos campos de influencia (academia, función pública, sociedad civil) medidas más precisas tanto al SNA como al gobierno federal en la lucha contra el grave problema de la corrupción. Ese, nos parece, es el camino por seguir, el tiempo dirá si se trata de la víacorrecta.