El pasado 7 de enero, el Presidente de la República anunció que su gobierno prepara una reforma para que las funciones que actualmente desarrolla el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) así como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sean asumidas por las secretarías y dependencias federales, lo cual representaría no solo la pérdida de autonomía de ambos órganos, sino su desaparición.
En ese sentido, el Ejecutivo Federal adujo como alternativa para sustituir al INAI, a la Secretaría de la Función Pública (SFP) e incluso a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La razón principal que argumenta el Presidente, es que la existencia de los organismos autónomos -particularmente el INAI- resulta muy onerosa para el presupuesto y -según su dicho- no ha proporcionado a la sociedad mexicana los resultados que se requieren en materia de combate a la corrupción.
En ese sentido, la primera aseveración tiene matices que deben precisarse, dado que para 2021 al INAI se le asignó un monto de 905 millones de pesos, por lo que se encuentra entre los organismos autónomos con menores recursos económicos, solo por encima de la Comisión Federal de Competencia Económica.
En cuanto a la segunda afirmación, como veremos más adelante, el INAI sí ha contribuido al combate a la corrupción, empero, esta no es una tarea exclusiva del mismo, sino de todo un andamiaje jurídico y administrativo diseñado para tal efecto, como lo es el Sistema Nacional Anticorrupción, las dependencias del gobierno federal -como la Secretaría de la Función Pública- e inclusive el Poder Judicial de la Federación, sin olvidar el importante papel que juega nuestra sociedad en esa materia.
Bajo este contexto, a nuestro parecer, existen al menos 5 razones de peso no solo para la vigencia del INAI, sino para el fortalecimiento y trascendencia de su autonomía:
- Defensa de un derecho fundamental: El acceso a la información es reconocido como un derecho fundamental para la sociedad, no solo porque le permite allegarse de datos útiles, sino porque representa una posibilidad real para el ejercicio de otros derechos; por tanto, el trabajo que el INAI día a día realiza es sustantivo y va orientado a la defensa de dicha prerrogativa fundamental, reconocida tanto por nuestra Constitución Política como por la Convención Americana de Derechos Humanos.
- Factor relevante en contra de la desinformación: En tiempos de desinformación colectiva generada por las fake news y potencializada por la contingencia sanitaria que atraviesa el país, es que el INAI se constituye en garante no solo de la suficiencia de la información, sino en la pertinencia de la misma, de tal forma que los datos a los que accede la ciudadanía sean veraces y útiles, lo que redunda, en buena medida, en el conocimiento claro y preciso de las acciones que pueden tomar para afrontar los problemas que más adolecen.
- Eslabón sustantivo en la rendición de cuentas: La información que garantiza el INAI constituye un eslabón indispensable en el proceso de rendición de cuentas de las instituciones y de los servidores públicos. A través de las solicitudes ciudadanas que se atienden y garantizan, así como de los mecanismos de transparencia establecidos, es que se permiten aspectos tales como la auditoría ciudadana o la exigencia de responsabilidades en caso de alguna irregularidad o delito.
- Contrapeso al poder público: El papel del INAI es clave ya que posibilita -a través de la defensa del derecho de acceso a la información- el adecuado funcionamiento de los controles y contrapesos institucionales, los cuales son parte importante de todo régimen democrático, ya que limitan cualquier sesgo de arbitrariedad de los gobernantes, al visibilizar el abuso de poder y promover los canales de denuncia que los responsabilicen de su actuar.
- Institución clave de la democracia y la lucha contra la corrupción: El combate a la corrupción a nuestro país no se desarrolla de forma aislada sino integral, a través de una serie de sistemas que buscan la coordinación y armonización de esfuerzos para lograr mejores resultados. Al respecto, el INAI forma parte importante del Sistema Nacional de Transparencia y del Sistema Nacional Anticorrupción, los cuales, por su naturaleza, buscan generar las condiciones para hacer visibles las irregularidades gubernamentales y exponer los casos más significativos de corrupción.
Desde la creación del INAI se han presentado más de 2 millones 700 mil solicitudes de acceso a la información ante instituciones y dependencias públicas, lo que constituye un ejemplo de la maximización del ejercicio democrático de ese derecho. Además, se han expuesto casos emblemáticos de corrupción, como “La Estafa Maestra”, que evidenció un esquema para eludir la Ley de Adquisiciones y cuyo seguimiento comprendió la atención de más de 500 solicitudes de información y de 200 recursos de revisión por parte del Instituto.
En ese orden de ideas, nos parece claro que una iniciativa que busque desaparecer o mermar las capacidades del INAI, representa -hoy en día- un retroceso democrático que difícilmente fortalecería el ejercicio de los derechos humanos y el combate a la corrupción en nuestro país.
En consecuencia, a los ciudadanos nos corresponde la defensa del INAI como una institución que es producto de las demandas sociales para conocer qué hace y cómo trabaja el gobierno, para exigir la rendición de cuentas y la responsabilidad de los servidores públicos, para erradicar la opacidad y la secrecía del sector público y, así, volver reales las demandas de un servicio público honesto y efectivo.
Autores: Miguel Ángel Gutiérrez Salazar
