La Ciudad de México fue la entidad peor evaluada en materia de corrupción en el último año, de acuerdo con los resultados del Índice de Estado de Derecho en México (IEDMX) 2022-2023, a cargo de la organización World Justice Project (WJP).

Este reporte mide, desde una perspectiva ciudadana, el grado de adherencia al Estado de Derecho en las 32 entidades de México y para ello se evalúan ocho factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.

Aunque las 32 entidades federativas tuvieron un resultado negativo, la capital mexicana se ubicó en la última posición en el renglón de ausencia de corrupción, con una calificación de .29/1.00, es decir, el 71% de los encuestados cree que en la CDMX existe la corrupción mientras que el restante 29% considera que no.

De acuerdo con el documento publicado por WJP, ciudadanos y especialistas perciben que en la urbe no es inusual la corrupción en el gobierno, incluyendo sobornos a funcionarios de cualquier nivel, influencias inapropiadas por intereses públicos o privados, así como la apropiación indebida de fondos públicos, es decir, desvío de recursos.

Además, la CDMX también ocupó la última posición a nivel nacional en el factor sobre los límites al poder gubernamental. Este rubro mide si quienes gobiernan están sujetos a la ley, y si existen frenos y contrapesos que los obliguen a rendir cuentas.

Con una calificación de .35/1.00, el reporte señala que no existen suficientes controles al gobierno capitalino, como una prensa libre e independiente o una sociedad organizada.

Otro factor evaluado es el de las regulaciones, para determinar si el gobierno las implementa de manera justa y efectiva. En este rubro se incluyen temas laborales, ambientales, comerciales, y de salud pública, con un resultado de .31/1.00, lo que sitúa a la CDMX en la posición 29 de 32.En el ranking general que incluye los ocho parámetros para determinar en qué medida los gobiernos estatales están adheridos al Estado de Derecho, la Ciudad de México se ubicó en la posición 28.

El WJP ha aplicado por más de una década en el Índice de Estado de Derecho a nivel global, y desde 2018 adaptó el IEDMX para evaluar la realidad en México, aunque se debe aclarar que mantiene el mismo marco conceptual y metodológico que se emplea a nivel internacional.