Hace unos días se publicó el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de datos personales estatal y federal 2023 realizado por el Inegi. A diferencia de otras mediciones realizadas por este instituto, en esta ocasión, los esfuerzos se centraron en la labor y capacidades de los órganos garantes de la transparencia de todo el país y no en las necesidades de información de la sociedad.
La evidencia que arroja el Censo, cuyo levantamiento de información fue realizado entre octubre del año pasado y marzo de este año, confirma que el derecho a saber se ejerce a contracorriente de gobiernos e instituciones que se resisten a la apertura. En términos presupuestarios, desde la entrada en vigor de la reforma en materia de transparencia y acceso a la información ha existido un aumento presupuestario superior al 44 por ciento para todos los órganos garantes del país con un monto en 2022 de 2 mil 265 millones de pesos. En ese año se recibieron en todo el país 21 mil 835 solicitudes de acceso a la información pública y protección de datos personales lo cual fue menor a lo procesado en 2020. Esto podría indicar que existe mayor información a disposición del público y que por lo tanto no es necesario realizar una solicitud para acceder a datos fidedignos. Sin embargo, la mala calidad de la información o las simples resistencias han hecho que, de 2015 a la fecha, los recursos de revisión, es decir, las quejas que los ciudadanos utilizan frente a una negativa de información o una información incompleta aumentaron 88 por ciento si se compara con los datos del 2020. Lo mismo ha sucedido con las solicitudes de protección de datos personales, las cuales se han duplicado desde 2015 a la fecha.
En congruencia con lo anterior tenemos un aumento importante de las medidas de apremio, es decir, de las sanciones que los órganos garantes aplican frente a la opacidad o el incumplimiento de obligaciones. En primer lugar, son los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México quienes más se resisten a la apertura y en segundo lugar, está el Poder Ejecutivo.
“Los puntos sobre las íes”, de María Amparo Casar dedica todo un capítulo de su libro a la (Des) información de este gobierno. El libro que es producto de la investigación reflexiva y que ocupa actualmente el primer lugar en ventas de Amazon, recuerda que el gobierno está muy lejos de la promesa de ser el más transparente. “A querer o no, pasará a la historia como el gobierno menos transparente o más opaco desde que en abril de 2002 se aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública”.
La autora recuerda la historia de opacidad que ha marcado el ejercicio del poder del Presidente desde que era Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Muy a su pesar, es a partir de la transparencia que ha salido a la luz pública el número de desaparecidos, las víctimas de violencia o los contratos de Pemex Internacional con Baker Hughes cuya existencia negó inicialmente el gobierno. La autora incluye un pasaje sobre la Tribuna de linchamiento que utiliza el Presidente para denostar, y perjudicar la vida de los ciudadanos. Por esa tribuna han pasado madres buscadoras, organizaciones sociales, abogados de los padres de Ayotzinapa, defensoras de derechos humanos, medioambientalistas, académicos, periodistas, feministas y la propia María Amparo cuya principal falta ha sido documentar con datos el legado de un gobierno fracasado. La evidencia está ahí a la vista de quien quiera verificarlo con datos y no con palabras. Parafraseando a Bolívar, se trata sin duda de “las más duras verdades”.
Fuente: El Universal
