El Centro de Análisis de Políticas Públicas, México Evalúa, en su preocupación por el debate que se tendrá sobre la reforma en materia anticorrupción, envió una carta a los senadores señalando las ‘indefiniciones legales’ que deben ser atendidas, además de celebrar la creación de un órgano anticorrupción para sustituir a la Secretaría de Función Pública.

Aquí  presentamos parte de la carta:

A los senadores que este viernes 13 inician el debate sobre la creación de una Comisión Anticorrupción: un órgano anticorrupción sin los “dientes institucionales” para perseguir a todo aquel funcionario público corrupto verá mermada su eficacia.

México, DF a 13 de diciembre de 2013

 

Estimados Senadores de la República:

El combate eficaz en contra de la corrupción en México sigue siendo lamentablemente una tarea pendiente en el país. El último informe de competitividad global preparado por el Foro Económico Global (WEF) señala que en México el principal factor que afecta la realización de negocios es la corrupción. Recientemente el Global Financial Integrity (GFI) indicó que México se convirtió en el tercer mayor exportador de flujos de dinero ilícito detrás de China y Rusia. Asimismo, la posición del país en el índice de percepción de la corrupción publicado por Transparencia Internacional ha empeorado al pasar del lugar 72 en 2008 al 105 en 2012.

Atender la problemática de la corrupción es una cuestión de seguridad nacional en tanto este flagelo afecta el desarrollo económico del país. Por ende, México Evalúa, como miembro de la sociedad civil, celebra que finalmente, a un año de la reforma que contempla la creación de un órgano anticorrupción para sustituir a la Secretaría de Función Pública, ustedes lleguen a un acuerdo para legislar en la materia.

El proyecto de dictamen al que México Evalúa tuvo acceso prevé la instalación de un nuevo modelo anticorrupción, en el que acertadamente se reconoce la necesidad de privilegiar un enfoque sistémico que contempla la necesidad de una acción coordinada de las distintas autoridades, cuyas competencias atienden directa o indirectamente el fenómeno de la corrupción en el país junto con el sector privado y la sociedad civil…