Cuando el ciudadano conoce sus derechos y está en conocimiento de las acciones del quehacer público, la política como virtud civilizatoria, puede construir un orden capaz de armonizar en la justicia el porvenir de todos.

El proceso electoral de 2016, entraña una de las mayores encrucijadas nacionales, por los vertiginosos cambios que suscitó la reinstitucionalización del poder político por la Reforma Electoral de 2014. Sus protagonistas, partidos políticos, candidatos, instituciones, servidores públicos, organizaciones y ciudadanos, deben edificar en el valor unitario de la Nación, la construcción de lo que significa una democracia provista de institucionalidad eficiente.

Es decir, deben encontrar las respuestas al reclamo de cómo lograr que la democracia constituya un espacio de oportunidad social en un marco de ciudadanización institucional, cuestionamiento que no es ajeno y mucho menos, lejano a la incertidumbre social que se vive y demanda respuestas claras.

El primer elemento de la cabeza de la hidra política, estriba en que la democracia no puede ser un objeto político no identificado (OPNI). Ello demanda del poder político, la funcionalidad plena de las instituciones y la ciudadanización de las estructuras gubernamentales, como piedra angular de un régimen democrático, caracterizado por la horizontalidad de sus acciones.

El politólogo Giovanni Sartori, ha cuestionado ¿qué es lo que realmente hacen los sistemas electorales, y qué causan?

La pregunta entraña una precisión de fondo, ya que revela la incertidumbre de la funcionalidad de un proceso electoral, en relación directa al grado de concreción de las acciones, tanto del sistema de partidos, como de sus candidatos, y en el fondo, de las instituciones.

Sintomático de esta problemática, por la que atraviesan las instituciones públicas, son las evidencias que advierten precarios niveles de gobernabilidad, credibilidad, confianza y operatividad institucional. Estos síntomas son y han sido ejemplo de desencuentros ciudadanos, burocratismo, desánimo y aislacionismo frente a la clase política y, quizá con mayor crudeza, hacia la legitimidad del Estado.

La lectura de esta realidad, indica que el sistema de partidos y candidatos, son percibidos por la ciudadanía como las fuerzas contenidas en la caja de Pandora, donde el déficit y la precaria concreción de las necesidades y justicia social, evidencian los problemas de una democracia en deuda.

La democracia requiere certidumbre política. La disfuncionalidad institucional obstruye la calidad democrática y ahonda la crisis del sistema de partidos, ya que su fragilidad procedimental, en el encausamiento de los actos electorales, impide su plena operatividad, cuestión que se convierte en patente de corso para los partidos políticos.

El proceso electoral de 2016, demanda de las autoridades (INE, IEEH, Subprocuraduría de Asuntos Electorales y del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, así como de la FEPADE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación), el pleno control político de estas elecciones. La arbitrariedad con que suele actuar la partidocracia, al encontrar criterios reducidos o ambiguos, o bien, sanciones sin mayor vigor político para regular los procesos electorales, agudizan la crisis política por la que atraviesa el tejido social.

Lograr criterios de equidad política y fiabilidad de los comicios, es vital para derrotar el escepticismo, pesimismo y desencuentro social, que prima ante las inconsistencias de Instituciones que deben ser garantes de la democracia.

En este trazo, los partidos políticos y sus candidatos no pueden perder de vista que lo que está en juego en este proceso electoral, no es una contienda ciega del poder por el poder, sino la revalorización de la participación ciudadana, como expresión plena de una voluntad que no puede ser acallada.

Los partidos políticos y sus candidatos, deben entender que son los agentes de la reconstrucción del demos, que el pueblo no es un abstracto del ejercicio de gobierno, sino el tejido que debe estar inserto en la discusión y debate de la construcción de un nuevo horizonte democrático.

Partidos y candidatos deben edificar un panóptico informativo. Ser transparentes, probos y actuar en consecuencia, frente y con la ciudadanía. Hacer de la información sustantiva de sus programas y acciones, la dimensión ciudadana del conocimiento, y a través de sus estructuras, informar para saber y conocer para creer. Estas son las premisas en las que se edifican los lazos de comunión política para afianzar la inserción ciudadana en las tareas partidistas.

Más allá de la contienda electoral y su proselitismo, está la voz ciudadana. Por ello, el sistema político debe garantizar que el voto ciudadano será la expresión del respeto al Estado de Derecho y a la fuerza unitaria del Estado, que hace de la ley, el escenario pleno de los derechos políticos y de las libertades civiles. Si esto se olvida, se reduce la contienda política a un acto histriónico, cuyo melodrama, lamentablemente, ya lo conocemos: crisis social.

Las coordenadas políticas son claras: calidad democrática y funcionalidad institucional como vértebras del proceso electoral.

Pero, ¿cómo medimos la calidad democrática y la funcionalidad institucional?, las respuestas están implícitas en la pregunta y se encuentran en el equilibrio de una sociedad que no necesita luchar por la esperanza del porvenir, porque sabe que estructuras y actores políticos cumplen su función.

La prescripción es clara. Más allá de asignar indicadores procedimentales, se debe garantizar la eficiencia del Estado de Derecho, la transparencia gubernamental, los signos inequívocos de una procuración e impartición de justicia expedita y restaurativa, la justicia cotidiana como constante y no como excepción, la dignificación del tejido social desde la educación, la cultura, el empleo, la salud e incluso, la recreación en un marco de paz social.

La consolidación de las nuevas estructuras políticas que hoy dan marco a nuestra democracia y a la institucionalidad imperante, deben perfeccionarse y fortalecerse para reflejar que el salto histórico de la reinstitucionalización del poder político es producto de una conquista social. No es un legado ni una prebenda del Estado a la ciudadanía, sino la más pura expresión de la oportunidad que el pueblo le ha entregado a la clase política para ejercer el gobierno.

Agenda

• El pasado 13 de enero se venció el plazo para presentar solicitudes de candidaturas a “diputados sin partido”.
• El Calendario Electoral marca hoy 18 de enero y hasta el 27 de febrero como plazo para realizar los “procesos partidistas de selección y postulación de candidatos” para la elección ordinaria de gobernadora o gobernador, y da comienzo la “Etapa de Precampañas”. Al término, inicia la “Etapa de las Intercampañas” del 28 de febrero al 31 de marzo, que incluye el “Registro de Candidatos, de partido o sin partido”, del 24 al 28 de marzo.

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