El Gobierno federal de Brasil despidió el año pasado a 541 funcionarios involucrados en prácticas ilegales, principalmente corrupción, según un balance divulgado por la Contraloría General de la Unión.
La cifra no incluye a empleados de empresas estatales, como los gigantes Petrobras y Banco do Brasil, ni a los funcionarios de los gobiernos regionales y municipales.
De los despedidos, 447 eran empleados públicos efectivos, 53 eran jubilados que perdieron su derecho a pensión y 41 ejercían cargos de confianza.
Según la Contraloría, 332 de los despedidos, es decir cerca del 61,4 % del total, fueron hallados culpables en procesos administrativos a los que fueron sometidos tras ser acusados de corrupción…
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