La apertura de las autoridades de diversos niveles del ecosistema de justicia que recibieron los resultados de la ‘Métrica de Justicia Abierta’ y dieron la cara, es esperanzadora.

La semana pasada la organización World Justice Project y el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la Universidad de Guadalajara presentaron la llamada “Métrica de Justicia Abierta”, en colaboración con el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI). Esta es una bocanada de aire fresco pues se trata de un instrumento para acercar la justicia y sus procesos a la ciudadanía, para la rendición de cuentas de organismos públicos del “ecosistema” de justicia (tribunales, fiscalías, instancias de derechos humanos, sistemas penitenciarios, etcétera), y para promover la mejora continua de las instituciones relacionadas con la impartición de justicia. Se trata de un instrumento que mide cuatro factores: transparencia (si las autoridades publicitan toda la información que poseen de forma continua, completa, suficiente y si cuentan con los mecanismos para que todas las personas puedan acceder a la información pública en condiciones de igualdad); participación de la ciudadanía (si las autoridades adoptan las medidas adecuadas para acercar y hacer accesible la información y los servicios que ofrecen, tales como servicios digitales o acompañamiento a personas en situación de violencia); colaboración (si las instituciones cuentan con los mecanismos para que las personas interactúen con las autoridades, cocreen e incidan en la toma de decisiones), y rendición de cuentas (si las instituciones cuentan con mecanismos para el monitoreo ciudadano del uso y destino de los recursos públicos, así como para la prevención, detección y sanción de arbitrariedades y actos de corrupción). Este primer estudio incluyó a 233 instituciones y entidades a nivel federal y estatal y los resultados se encuentran publicados en https://justiciaabierta.mx. Las tres entidades con las calificaciones más altas fueron el Poder Judicial del Estado de Coahuila, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala / Consejo de la Judicatura de Tlaxcala, y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. Las entidades peor evaluadas fueron el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Durango, el Fideicomiso de Administración y Medio de Pago Denominado “Nuevo Sistema de Justicia Penal y Juicios Orales del Estado de Jalisco” y la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.

Como en cualquier estudio, hay instituciones que hacen un trabajo destacado y otras que se encuentran totalmente rezagadas en estos procesos de rendición de cuentas. Lo importante, me parece, radica en dos factores: primero, que tengamos un instrumento objetivo y claro para poner nuestra atención en uno de los sectores más importantes para la convivencia armónica de nuestra sociedad. Todos los eslabones de la procuración e impartición de justicia hasta los centros penitenciarios constituyen un engranaje esencial para reducir la sensación (que es una realidad) de indefensión, de impunidad y de violencia, que vivimos en la ley de la selva, en la que ciudadanos se toman la justicia en sus manos, en que el crimen organizado, que ya controla regiones enteras y maneja una base social en algunos estados (basta ver la manifestación de la semana pasada en Chilpancingo, Guerrero), ha suplantado al Estado mexicano en una de sus funciones esenciales, que es la seguridad de la población.

Segundo: la actitud de apertura mostrada por las autoridades de diversos niveles de este ecosistema de justicia que recibieron los resultados y dieron la cara, cuando en algunos casos habían tenido calificaciones muy deficientes, es esperanzadora. Es una actitud de servidores públicos, como los magistrados presidentes de los Tribunales Electoral y Federal de lo Contencioso, que entienden que la razón de ser de su existencia y su trabajo es la ciudadanía, el respeto a la ley y la procuración de nuestra convivencia pacífica, normada por nuestra Constitución y las leyes que emanan de ella. La actitud no basta, cierto. Pero en estos tiempos en que el presidente de la República y muchos funcionarios violan la ley, caen en desacato de órdenes judiciales, y mucho menos están dispuestos a rendir cuentas, es una bocanada de aire fresco encontrar a altos funcionarios que sí hacen su trabajo y son receptivos a las organizaciones civiles. Que están dispuestos al diálogo y a buscar la cercanía con los ciudadanos. Es un síntoma de que, pese a lo destruido, hay todavía personas que lideran instituciones que consideran que los caminos de la legalidad y del Estado de derecho son aún posibles.

Fuente: El Financiero