El decreto que pretendía expedir la Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Oaxaca, por parte del congreso oaxaqueño, fue vetado por el titular del Poder Ejecutivo, un acto de competencia y colaboración entre poderes establecidos en nuestra Norma Suprema. A nuestros representantes populares que firmaron el dictamen, incitados por sus asesores, se les olvido que toda ley sancionada no puede ser contraria al Texto Constitucional y que toda ley emitida por el Poder Constituyente tiene una característica esencial, la generalidad. Quisieron otra vez, como es su regla, confeccionar una ley contraria al Derecho.
Conforme a la solicitud de información número 19491, el congreso local, dio a conocer que con fecha 30 de noviembre de 2015, el titular del Poder Ejecutivo sometió a consideración con carácter de iniciativa preferente, la iniciativa de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca. En ese sentido, fue turnada hasta el 16 de diciembre del 2015 a la presidencia de la Comisión Permanente, donde se señalaba que fuera turnada a las comisiones de administración de justicia, instructora y de vigilancia de la Auditoria Superior del Estado.
O sea, que quitándole las vacaciones decembrinas, tuvieron escasamente a lo mucho, 2 semanas de “discusión” y “socialización” de la iniciativa. Claro, en la soledad y opacidad del Congreso, recordemos que esta iniciativa no fue socializada y mucho menos discutida con personas ajenas al mismo.
Había al menos 5 iniciativas más que quedaron relegadas en el amplio sentido, entre ellas, las del órgano garante, el IAIPO. Mismo órgano que se ha quedado mudo, sin pronunciamiento alguno, primero ante la iniciativa que se pretendía aprobar y segundo, en el veto de la misma. Sin duda, que pesa mucho la lealtad política, se confirma el adagio “no te puse para que me golpees”.
Esto hecho lamentable, nos confirma que al menos en mi estado, Oaxaca, los diputados y diputadas votan por consigna, votan por mandato de su cúpula partidista, votan sin discutir y mucho menos conocer el tema, votan como en los mejores tiempos de la hegemonía.
Entre los desatinos que tuvieron los representantes (a estas alturas no sé si llamarles populares) cuando “analizaron” la iniciativa preferente, señalo algunos:
- No quisieron reconocer textualmente, la Supremacía Constitucional y la generalidad establecida por el Congreso de la Unión en el artículo 1.
- No quisieron enmarcar la apertura pública que tendrán los gastos de comunicación social, hoy para los oaxaqueños es un viacrucis conocer lo que destinan las dependencias a este rubro.
- Abundaron en clasificaciones de reserva de información, contrarias al espíritu de este derecho, tales como: que afecte la recaudación de contribuciones, que ponga en riesgo la seguridad pública estatal, que cause desestabilidad financiera del Estado. Hoy los ciudadanos que exigimos rendición de cuentas, nos clasifican la información por pretender buscar “el enfrentamiento y la división social”.
- No quisieron dejar perfeccionado el procedimiento para justificar el daño al interés público, lo trataron de manera sucinta.
- No establecieron un esquema progresivo de transparencia PROACTIVA, que señalara la obligatoriedad de difundir cada una de las decisiones de las autoridades públicas que afecten a la sociedad. Pasaron por alto, señalar que se atienda anticipadamente la demanda ciudadana de información. Que se difundan temas de interés. Hoy la autoridad pública prefiere la comunicación “reactiva”, como respuesta a una demanda, en lugar de la transparencia “proactiva”. Esto ha hecho que los oaxaqueños y oaxaqueñas nos enfrentemos entre nosotros mismos.
- El mayor desatino que tuvieron fue tratar de dejar intacto el procedimiento de selección de comisionados, una artimaña para que perduren las cuotas y los cuates. Esta circunstancia, ha sido el “talón de Aquiles” del órgano garante desde que se creó en 2008. Otra vez quieren mantener a un órgano constitucionalmente autónomo sometido a su imperio, para que sea una agencia de colocaciones de familiares, amigos y otro tipo de parentela. La apertura a la participación ciudadana y a la academia quedo enterrada.
- Otro relevante fue que eliminaron la profesionalización del órgano garante, quitaron de tajo este tema previsto en la iniciativa preferente. Hoy el órgano garante está repleto de de personas afines a los y las diputadas. Hoy el órgano garante nuevamente carece, con sus excepciones, de experiencia, profesionalización y capacidad en varios puestos para garantizar nuestro Derecho.
- Como es su regla, el Congreso pretende violar la autonomía de gestión y administración del órgano constitucional autónomo. Pretendió establecer en la ley que ellos designarán al contralor interno. Esta engañifa, ya la consumaron, violando el principio de legalidad, ya designaron a un contralor interno que proviene del congreso. Otro espacio más para sus cuotas.
Y hasta aquí dejamos las omisiones de este decreto que violaba varios preceptos de la Norma Suprema. Se salvó el Gobernador de que fuera exhibido a nivel nacional. ¡Bien por el Gobernador! Ya cargó varios desatinos del Congreso, era momento de devolverle uno de tantos.}