Tras el exitoso movimiento ciudadano que generó la Ley General de Responsabilidades -mejor conocida como #Ley3de3- el Senado cerró el periodo ordinario de sesiones dejando tras de sí una estela de zozobra y enojo.

A diferencia de otros países con problemas similares de corrupción sistémica, la sociedad mexicana no salió a manifestarse a las calles, ni pidió juicios sumarios contra los corruptos. Tampoco puso sobre la mesa la renuncia de su presidente. Lo que hizo fue utilizar las herramientas que la democracia permite y pidió que el Congreso considerara una propuesta que pide no solamente conocer más sobre quienes nos gobiernan, qué intereses tienen y si cuentan con mínimos de probidad, sino de cómo mejorar su desempeño.

La historia empezó bien y como respuesta los Senadores aprobaron principios básicos de Parlamento Abierto para que además de la #Ley3de3 se pudieran discutir con máxima publicidad de propuestas y documentos, con la participación de la academia y de organizaciones de la sociedad civil y con el compromiso de explicar el porqué de las decisiones, no solamente una ley sino un paquete inicial de cinco leyes que darían vida al Sistema Nacional Anticorrupción. Esto abrió la posibilidad de discutir los contenidos en mesas técnicas entre organizaciones sociales y representantes de todos los partidos.

El ejercicio de Parlamento Abierto ya se había realizado en otros momentos con excelentes resultados. Sin embargo, en esta ocasión, al menos dos variables hicieron imposible el proceso legislativo. En primer lugar, las implicaciones del contenido generaron resistencias naturales. El paquete legislativo propuesto implica modificar los cimientos del sistema político mexicano: mejorar los mecanismos de investigación, desmantelar redes de corrupción, ampliar las herramientas para una vigilancia social con resultados y ponerle fin a la impunidad. En segundo lugar, el contexto electoral hizo que varios actores partidistas leyeran el proceso de deliberación en código políticoelectoral. De las reglas de parlamento abierto pasamos a las reglas electoreras. Ya no se trataba del proceso de cocreación legislativa con la opinión de actores sociales sino de cómo capitalizar el momento y pasarle el costo político a los partidos rivales. Ante la estridencia y el naufragio del método, las organizaciones y académicos fuimos invitados a reuniones de trabajo primero con el PAN-PRD y luego con los Senadores Escudero y Cervantes. Nos reunimos con todo aquel que nos invitó, en calidad de ciudadanos interesados en combatir la corrupción. En todas las deliberaciones se tomó como documento base la #Ley3de3 y tras varias horas de trabajo se produjeron propuestas que contienen similitudes significativas respecto a las exigencias de la sociedad civil y que además son públicas y consultables en la página del Senado. No se puede decir que la autoría de estos documentos es de un solo partido o de un solo actor ya que en el trabajo técnico se incluyó la pluralidad de concepciones. Lo que sí puede decirse es que en todos los documentos se incluyen la constancia de la declaración anual de impuestos y la obligación de presentar una versión pública de las declaraciones de intereses y patrimonial para los tres órdenes de gobierno, es decir, lo que fue suscrito por 634 mil ciudadanos. Si ya se tiene este importante avance, ¿por qué entonces no se concreta nada?

El próximo lunes, las comisiones unidas del Senado reanudarán sus trabajos. Con esto se abre una ventana de oportunidad para que se dictamine el paquete de siete leyes -si se considera también la parte penal-, se convoque a un periodo extraordinario y se cumpla con el plazo del 27 de mayo para que el SNA deje de ser un cascarón vacío. Esta será la ocasión para que quienes sí tienen el encargo de legislar brinden a la ciudadanía una respuesta pública a la altura de sus exigencias.