Manuel Bartlett debe ser el personaje político menos aceptado del entorno lopezobradorista, por encima del propio Andrés Manuel López Obrador, por parte de sus muchos detractores y sus pocos críticos.
Los adversarios del presidente lo han tomado como blanco favorito para cuestionar su lucha contra la corrupción. Acusan al director de la Comisión Federal de Electricidad, precisamente de corrupto, concretamente de enriquecerse en forma ilegal.
Veintiuna denuncias, sobre supuestas irregularidades en su patrimonio inmobiliario se presentaron ante la Secretaría de la Función Pública, hasta mediados de octubre, informó su titular, Irma Eréndira Sandoval, ante la Comisión de Anticorrupción del Senado de la República. Ola desatada principalmente a raíz de la publicación de un reportaje periodístico que habría realizado una investigación y descubierto que su riqueza declarada de unos 51 millones de pesos era 16 veces mayor, vía el ocultamiento o prestanombres.
El caso Bartlett, como podríamos llamarlo, es quizá la apuesta más importante, para abollar la política, no el discurso, anticorrupción del jefe del ejecutivo federal. Quien ha declarado que en lo más alto de su gobierno ya no hay corrupción. ¿Y Bartlett? Preguntan casi a punto de despedazar sus vestiduras partidistas, los opositores.
No reparan, considero yo, en su larga y prolífica, aunque también, en algunos momentos, polémica, trayectoria política, e incluso académica. A sus ochenta y tres años habría mínimamente que revisar todos los espacios que durante el Priato ocupó, cómo transita en los últimos años al bando contrario y por qué el Presidente López Obrador le extiende su apoyo.
Pero no es, entiendo yo un apoyo acrítico o ciego. Pareciera que en su peculiar prueba de integridad, el presidente, confía en la honestidad de Bartlett y siente necesitar su experiencia en una empresa clave para recuperar algo de la soberanía energética perdida. Para qué arriesgar, analizan muchos, con claves viejas, la credibilidad en su gobierno.
Y me explico. En el código anterior al gobierno federal actual, la idea de que el presidente protegía a quien quería, casi por capricho o por complicidades turbias y oscuras, era regla. Pero porque la honestidad del mismo era cuestionable en mucho. Ahora no es así. La prenda de honestidad de AMLO casi es imbatible ante las mayorías de gobernados.
Sin embargo los más informados sabemos o se han presentado evidencias de que se puede equivocar. Pero, y aquí está la diferencia, con lo que ocurría antes, también ha demostrado, de dicho y de hecho, que puede aceptar su error y corregir. Tiene, considero yo, la certeza de que para la coyuntura que vive la CFE, incluyendo el plan de llevar internet a los rincones más apartados del país, vía su infraestructura existente; Bartlett es el hombre duro que se necesita para tanta negociación tanto del lado de los empresarios privados como con los enquistados liderazgos sindicales.
Por ello, en este frente de la batalla ideológica, la oposición de centro derecha, con toda razón, consideran que tiene oportunidad de ganarle una a su acérrimo rival que amenaza con no posibilitar su regreso al poder, por lo menos en dos sexenios más, pienso.
En ese contexto podemos plantear que la resolución de la SFP, encabezada por una académica que precisamente se ha dedicado a estudiar el tema del combate a la corrupción, requiere lecturas complejas de esa complejidad y no caer en simplismos propagados por los otrora privilegiados como el slogan de que ha sido “exonerado”. Puntualmente no se le fincó responsabilidad fiscal, en términos de las demandas interpuestas, en el marco de lo que ahora establecen las leyes en la materia. Habría que perfeccionar esa leyes y los mecanismos de su aplicación, para que Bartlett y cualquier otro político de profesión, tenemos tantos, tengan que explicar sus enormes riquezas materiales; y en caso de que hayan sido mal habidas, castigarlos.
Hay desde octubre pasado, no debemos olvidar, una denuncia ante la Fiscalía General de la República, interpuesta igual por opositores partidistas ligados al PRD, contra él. Lo acusan por “enriquecimiento ilícito” y por tener un “imperio inmobiliario” (sic). Tienen, se entiende por ser los acusadores, que demostrarlo dándole las pistas a la autoridad autónoma. Mientras en lo mediático, la controversia ya está en curso.
Fácil, aconsejan sus propios detractores, debiera el presidente destituir a Bartlett. ¿Por qué no lo hace? Pienso que porque hay mucho en juego, para el presidente, mantenerlo ahí. Ojalá no sea en perjuicio del país.
Fuente: CONTRAOPACIDAD
Por: C. Cirio R.
