Dos mil dieciocho constituye un año propicio para realizar un primer balance del funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción en México (SNA), lo es, desde nuestro punto de vista, por dos motivos principales: la conclusión del periodo de funciones de la Doctora Jacqueline Peschard Mariscal, como primera Presidenta del Comité Coordinador del SNA y el Proceso Electoral Federal 2018.

La culminación de las funciones encomendadas a la Doctora Peschard nos permite hacer un “corte de caja”, valorar el trabajo realizado y asumir los nuevos retos y desafíos para las instituciones que conforman el Comité Coordinador del SNA. En tanto que el Proceso Electoral Federal 2018, constituye un momento histórico y político en el que el combate a la corrupción formará parte de las agendas de trabajo de los candidatos presidenciales, razón por la cual, será posible discutir y demandar un mayor compromiso político en la materia.

Con suficiente honestidad y claridad, en su discurso de culminación como Presidenta del Comité Coordinador del SNA, la Doctora Peschard manifestó que, si bien se ha logrado involucrar a la ciudadanía en la denuncia de actos de corrupción y se ha avanzado en la construcción institucional del propio SNA, mediante un diseño robusto, lo cierto es que su puesta en operación no ha cumplido con los calendarios establecidos.

Además, se reconoce que no hay cifras qué presumir en el combate a la corrupción y que, a ésta, no se le ha podido mermar pese al andamiaje normativo con el que se cuenta y los mecanismos de coordinación establecidos.

Así las cosas, como podemos advertir, la corrupción constituye un fenómeno complejo, cuya atención demanda no sólo la buena voluntad de quienes representan a las instituciones del Estado, sino de estrategias y mecanismos más efectivos, de una inteligencia anticorrupción que permita dar mejores resultados y de una participación ciudadana cada vez más colaborativa y comprometida con la lucha nacional anticorrupción.

Desde nuestra perspectiva, ahondando en el balance del SNA, nos parece que algunos de los principales retos que afrontan las instituciones que conforman el Comité Coordinador, son:

• Comité Coordinador del SNA: Diseñar, poner en marcha y dar seguimiento a la política nacional en materia anticorrupción, así como dar a conocer a la sociedad de forma periódica, los avances alcanzados y los programas y acciones a seguir en el corto, mediano y largo plazo.
• Comité de Participación Ciudadana: Estrechar los vínculos con la sociedad civil organizada, desarrollando programas específicos de participación incluyente y contraloría social en las actividades estatales que involucran aspectos susceptibles a la corrupción (compras públicas, contrataciones, proceso electoral).
• Auditoría Superior de la Federación: Promover e impulsar la designación de su Titular; continuar con los procesos de fiscalización de los recursos públicos y el seguimiento a las denuncias penales y administrativas por corrupción; capacitar y profesionalizar a sus servidores públicos, en los novedosos aspectos de investigación de faltas administrativas graves y actos de corrupción.
• Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción: Promover e impulsar la designación de su Titular; desahogar en tiempo y forma las investigaciones correspondientes a las denuncias formuladas por la Auditoría Superior de la Federación y aquellas instancias que participan en la prevención y detección de actos de corrupción.
• Secretaría de la Función Pública: Fortalecer los procedimientos de auditoría y fiscalización de los recursos públicos federales ejercidos en la Administración Pública Federal, mediante nuevas metodologías y el empleo de las tecnologías de la información. Asimismo, poner en marcha el nuevo diseño de la política pública de designación de titulares de órganos internos de control y unidades de responsabilidades, mediante procedimientos verdaderamente imparciales y equitativos.
• Consejo de la Judicatura Federal: Revisar el diseño que ha propuesto para la implementación de una estructura anticorrupción en la judicatura federal, el cual debe consistir no sólo en la división material de funciones (creación de unidades de investigación), sino en el diseño de una estrategia que identifique las irregularidades administrativas y un plan definido para prevenir, detectar, investigar y castigar la corrupción.
• Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI): Continuar con los procesos de apertura informativa, especialmente en los casos que involucran actos de corrupción (Estafa Maestra, Odebrecht), lo cual puede permitir la investigación y, en su caso, la exigencia de responsabilidades en contra de servidores públicos y particulares. De igual forma, redoblar los esfuerzos para profundizar en la adopción de una cultura de transparencia gubernamental para los servidores públicos.
• Tribunal Federal de Justicia Administrativa: Promover e impulsar la designación de los 18 Magistrados encargados del combate a la corrupción y las faltas administrativas graves. Además, contribuir a la conformación de criterios certeros, que fijen el rumbo de la interpretación de las nuevas leyes en materia de responsabilidades y combate a la corrupción.

Como podemos ver, las instituciones antes mencionadas tienen retos verdaderamente importantes para contribuir en el combate a la corrupción en nuestro país. No son las únicas instancias involucradas en estos temas, sino que otras participan también en gran medida (Congreso de la Unión, Instituto Nacional Electoral), lo que vuelve a la Política Nacional Anticorrupción un tema complejo de definir y alcanzar sin antes lograr la coordinación adecuada y la alineación de las agendas e intereses en pro de la rendición de cuentas y la integridad pública.

Nos encontramos ante un momento relevante de nuestra vida nacional, en donde hay logros que se han alcanzado bajo el sustento de una reforma constitucional anticorrupción y al tenor de un nuevo marco legal que promueve la responsabilidad pública. Sin duda que ambos aspectos son pasos fundamentales en la materia a que aludimos, pero resultan insuficientes para los niveles de afectación que causa la corrupción en nuestro país.

Es así como, en este año de lucha electoral y de alta efervescencia política, resultará indispensable la participación ciudadana como un contrapeso fundamental del desvío de recursos públicos con fines electorales.  Al respecto, es sabido que la vigilancia y fiscalización por sí mismas no extirpan el cáncer de la corrupción, pero sí lo desincentivan y arrojan luz sobre actos corruptos que normalmente se desenvuelven en la opacidad y secrecía.

De lo que se trata en este momento de confrontación política con motivo del Proceso Electoral  Federal 2018, no es de echar por la borda los avances que ya tenemos, sino de redoblar esfuerzos en esta lucha que ha sido catalogada por la Doctora Jacqueline Peschard como titánica.

Es ahí en donde la participación ciudadana se vuelve pieza indispensable de nuestro régimen anticorrupción. El trabajo nos corresponde a todos desde nuestras respectivas trincheras, sociedad organizada y academia están llamadas a contribuir en el análisis y en los debates que favorezcan la lucha anticorrupción y promuevan la cultura de la rendición de cuentas para nuestro país.