La desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en septiembre de 2014,no fue obra sólo de un cártel sanguinario que integraban también policías municipales de Guerrero. La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) conduce a la participación directa de elementos del Ejército en ese crimen de lesa humanidad, pero también de la Policía Federal y la Estatal, así como del fiscal Iñaki Blanco Cabrera y sus mandos.
La FGR y específicamente la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, creada hace un año y a cargo de Omar Gómez Trejo, acumula evidencias sobre una de las razones por las que la investigación de la “verdad histórica” del gobierno de Enrique Peña Nieto sobre la desaparición de los 43 no incluyó a militares y federales en el crimen: La corrupción.
En efecto, con base en información documental y testimonial en la carpeta de investigación AP/PGR/SEIDO/UE/IDMS//1017/2014, que el reportero conoció, se establece que hubo desaparición forzada por parte de agentes del Estado que estaban al servicios del cártel de Gerreros Unidos a cambio de mucho dinero.
La nueva información en el expediente apunta a los sobornos que presuntamente recibían militares, policías federales, estatales y municipales, así como agentes del Ministerio Público local y federal, para permitir el trasiego de drogas, armas y dinero, corrupción que condujo a las complicidades en la detención y desaparición forzada de los 43 normalistas, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Luego de que los padres de los normalistas y su representación legal exigieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a la FGR y al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) proceder para romper los “pactos de silencio” es que, en marzo, se ejercitó acción penal contra Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal y constructor de la “verdad histórica” junto con el exprocurador Jesús Murillo Karam.
Pero ya para entonces, con base en nueva información de testigos de los hechos, la FGR localizó los restos del normalista Christian Alfonso Rodríguez Telumbre a 800 metros del basurero de Cocula, donde el gobierno de Peña Nieto aseguró que fueron incinerados los normalistas, lo que derrumba la denominada “verdad histórica”.
Fuente: Heraldo de México
