El próximo 14 de marzo la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), el Centro de Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, el Subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB, Alejandro Encinas, e integrantes actuales del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU (GTDFI) conmemorarán los 10 años de la misión a México de este último organismo. La intención de este evento es hacer una reflexión retrospectiva y prospectiva que permita identificar los avances, retrocesos y pendientes que subsisten para revertir la crisis de desapariciones en México1.
Pero más allá de la efeméride y el simbolismo de los 10 años, revisitar el informe del GTDFI es pertinente y relevante porque la visita del Grupo y su informe fueron los primeros en constatar en tiempo real las nefastas consecuencias que estaba teniendo (desde entonces) la estrategia de combate al crimen organizado, en términos de graves violaciones a derechos humanos; y en particular, con relación a la desaparición de personas como fenómeno generalizado. Desde hace 10 años, el Grupo de Trabajo prendió las alarmas y llamó nuestra atención sobre diversos aspectos que debían atenderse con urgencia para evitar que la crisis escalara aún más: la ausencia de información estadística sobre las desapariciones, la impunidad, la falta de criterios para la búsqueda, las fallas en la identificación forense de las personas fallecidas sin identificar, la dispersión y caos normativo de la legislación mexicana en la materia, el impacto diferenciado en ciertos sectores de la sociedad, entre otros. Por desgracia, el diagnóstico y recomendaciones del GTDFI fueron ignoradas por, al menos, dos administraciones federales del gobierno mexicano. En consecuencia, México va tarde en la reacción a la crisis de desapariciones y muchos de los aspectos abordados por el Grupo de Trabajo en su visita, aunque atendidos parcialmente desde la esfera normativa e institucional, presentan una brecha de implementación aún muy amplia.
Asimismo, el Grupo de Trabajo nos advirtió hace 10 años sobre la delgada línea que dividía, en el contexto mexicano, a las desapariciones forzadas de las desapariciones cometidas por actores privados, en especial, el crimen organizado. Cuatro años antes de la tragedia de Ayotzinapa, el Grupo de Trabajo ya tenía claro que la narrativa oficial sobre las desapariciones perpetradas por el crimen organizado era parte de una estrategia negacionista de la magnitud de la crisis que se había fraguado y de los niveles de colusión entre actores del gobierno y del crimen.
