El Senado de la República aprobó en comisiones el dictamen de reforma constitucional en materia de deuda en estados y municipios.
Las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, Estudios Legislativos II y Puntos Constitucionales de la Cámara Alta avalaron por mayoría el proyecto circulado con anterioridad con solamente dos ajustes de redacción.
En el documento sólo se establecen los principios para regular la contratación de créditos, pero los controles se dejaron en manos de los estados.
La intervención del Senado se limitará a sancionar u objetar los convenios que los estados firmen con Hacienda cuando soliciten el aval llamado “deuda estatal garantizada”.
No obstante, el senador priista Raúl Cervantes, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, afirmó que esta modificación legislativa permitirá evitar casos como el de Coahuila.
“Esto deja satisfecho el problema de la deuda en estados y municipios, se genera un nuevo marco jurídico constitucional, se da facultades al Congreso para legislar y se obliga a las entidades federativas a homologar esas disposiciones”, expresó.
En entrevista sostuvo que es una reforma constitucional que privilegia la transparencia y un manejo responsable de la deuda de corto plazo.
“Yo estoy convencido que este marco jurídico va a resolver el problema. Los principales candados es que obliga el tener este registro, además de no poder contratar deuda para no heredársela a la (siguiente) administración, hay un candado preciso para que eso no vuelva a suceder”, agregó.
En el dictamen se establece que el Congreso tiene facultad para expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria y de coordinación fiscal que tengan por objeto el manejo sostenible de las finanzas públicas en la Federación.
“El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo”, se establece en el documento.
El senador perredista Alejandro Encinas se dijo conforme con la aprobación del dictamen al señalar que se respetan las facultades y atribuciones de los estados y municipios.
Los avances en los mecanismos de control, dijo, ahora se tendrán que traducir de manera puntual en la ley reglamentaria, donde se deberán establecer las reglas, normas, límites de endeudamiento y los mecanismos a partir de los cuales el Gobierno federal otorgará garantías.
“Falta la letra chiquita que estará en la ley reglamentaria, la Cámara de origen tiene que ser la Cámara de Diputados, pero la iniciativa puede partir del Senado y remitirla a la San Lázaro y ellos deberán dictaminarla”.
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