Aunque desde 1977 la constitución mexicana indica que el derecho de acceso a la información será garantizada por el Estado, aún existen muchas asimetrías al respecto en nuestra nación, pues el marco jurídico que brinda una gran certeza a los ciudadanos al respecto, fue creado hace no más de quince años, aseguró Sergio López Ayllón, director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, en su participación en la mesa redonda “La problemática de la expansión del derecho de acceso a la información”, en el Coloquio Internacional “Hacia el Sistema de Nacional de Transparencia”, realizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Esto refleja que los constantes esfuerzos sociales por lograr una mayor apertura de las actividades gubernamentales, han dado frutos a pasos muy cortos, agregó López Ayllón.

López Ayllón agregó que el principio de máxima publicidad es la piedra angular de cualquier sistema de transparencia, pues el legítimo derecho ciudadano de conocer en qué y cómo se gastan los recursos nacionales, está respaldado no solo por los lineamientos legales, sino por fundamentos de derechos humanos reconocidos internacionalmente.

Finalmente, concluyó que los tres principales retos de la transparencia en México son: una mayor armonización de las leyes y prácticas en los estados y municipios; fortalecer la oferta de la información pública; e impulsar una mayor demanda y cultura de exigencia de rendición de cuentas entre la ciudadanía.

Por su parte, Jaqueline Peschard, ex comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) y coordinadora del Coloquio, advirtió que el reciente reconocimiento del Derecho de Acceso a la Información da pie a que aún existan muchos espacios donde la resistencia a hacer pública su información es constante.

Sin embargo, reconoce, tres principales acciones dieron el panorama para que la actual situación jurídica en México se fortalezca: 1) La reforma constitucional del año 2000 estableció un órgano garante que instauró un modelo ágil de solicitudes de acceso a la información, muy preciso; 2) Se logró establecer una masa crítica de asociaciones civiles que han logrado traducir la información a los ciudadanos no especializados; y 3) Un conjunto de organismos internacionales establecen un andamiaje que impulsa y respalda  el trabajo en favor de la apertura gubernamental.

Para Oscar Guerra Ford, comisionado del IFAI, la reforma de este año dio un mayor impulso a esta lucha. Es por ello, dijo, que el IFAI debe estar pensado como la cabeza de cualquier Sistema Nacional de Transparencia, pues las recientes modificaciones constitucionales le han dado las herramientas suficientes para plasmar líneas de acción eficaces en esta materia.

Una de las recientes tareas es la creación de la métrica de transparencia anual, la cual será un reflejo del actual sistema: “será elemental saber cómo estamos, pues lo que no se mide no se puede mejorar” Advirtió.

Finalmente, Claudia López, directora del Sistema Nacional de Archivos, del Archivo General de la Nación, exigió que en el tema de archivos exista una mayor profesionalización, pues estos son la materia prima de la transparencia y rendición de cuentas.

López agregó que no hay transparencia si no hay archivos organizados y debidamente identificados, es por ello que contar con personal capacitado, fomenta un mejor uso del Derecho de Acceso a la Información.

“Desde el Archivo General de la Nación, estamos buscando un modelo que aproveche las nuevas técnicas de archivos y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías, esto sin duda es elemental en cualquier sistema de rendición de cuentas”, concluyó.