El fortalecimiento presupuestal de los diferentes fondos del Sistema Nacional de Seguridad Pública para combatir la violencia y la corrupción, destinado a mejorar la impartición de justicia y el sistema penitenciario registró un subejercicio de 54.6 por ciento durante 2012, equivalente a más de 4 mil 400 millones de pesos, informó el auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal.
Al participar en el Seminario sobre la violencia en México, el encargado de fiscalizar los recursos federales de los tres poderes de la Unión explicó que durante el análisis de la cuenta pública de ese año se detectó que el presupuesto en lugar de abatir la impunidad en México, propició el desvío de recursos y que se afectara de manera “perversa” a los programas de salud y educación.
“La norma señala que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública está encargado de revisar el manejo de los fondos de ayuda federal para la seguridad pública. En ese sentido la ASF constató que el Sistema de Evaluación ejecutado por el Secretariado no genera incentivos para la entrega de información oportuna y completa, y omite la verificación del avance de metas de los programas de prioridad nacional.
“Esto tiene como consecuencia que no sea posible determinar el impacto de los fondos en el fortalecimiento de la procuración de justicia” por el contrario la ASF detectó que los recursos al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, se destinaron “a fines distintos a los previstos o pagos en concepto que no cumplieron con los requisitos establecidos”.
Asimismo, agregó que se hicieron “reprogramaciones de los fondos sin disponer de la validación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; recursos no ejercidos; y falta de documentación comprobatoria o justificativa del gasto”.
Además, los fondos destinados a obras públicas y a adquisiciones, la ASF detectó “obra pagada no ejecutada y anticipos no amortizados; irregularidades en los procesos de adjudicación de bienes y servicios, y en la contratación de obra pública; retraso en la entrega del armamento y las municiones adquiridos a la Sedena”.
El auditor recordó que mientras hubo un incremento presupuestal de la Secretaría de Seguridad Pública de 888 por ciento en 2012 en términos reales, la cuenta pública del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) de ese año se observó “que el 54.6 por ciento de los recursos transferidos a este fondo no fueron ejercidos en el año fiscal correspondiente, lo que ascendía a un monto de más de 4 mil millones de pesos”.
En lo que respecta a la colaboración entre las Procuradurías del país, plasmado en un convenio de colaboración, la revisión de la ASF evidenció la carencia de programas conjuntos para el abatimiento del rezago en la atención de averiguaciones previas y, por lo tanto, de la impunidad.
Sobre infraestructura penitenciaria, dijo, que la ASF determinó que las obras previstas en 33 contratos de obra pública y de servicios, a precios unitarios y tiempo determinado, no se concluyeron en el plazo convenido por lo que se formalizaron 89 convenios modificatorios que aumentaron los costos 11 por ciento, sumado a ello, los servicios de gerencia de proyectos y de supervisión, se incrementaron en promedio 71 y 80 por ciento.
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Fuente: Milenio
