Por: Roberto Arias de la Mora
El jueves pasado recibimos en El Colegio de Jalisco al Dr. Mauricio Merino y a la Dra. Lourdes Morales Canales, ambos integrantes del Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas (PIRC), del CIDE, con el propósito de firmar un convenio de colaboración entre ambas instituciones para impulsar, de manera conjunta, el Programa Nacional de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. Durante la firma se contó con el atestiguamiento de algunos integrantes del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, quienes acudieron a la presentación del Libro Blanco de la Consulta sobre la Política Nacional Anticorrupción, documento que compendia el resultado de las deliberaciones sostenidas entre los integrantes del PIRC, celebradas entre septiembre y octubre de 2018.
Dicha presentación no pudo ser más oportuna, si se tiene en cuenta la coyuntura favorable que se vive en Jalisco no sólo por los trabajos de consulta pública que viene realizando el gobierno del estado de Jalisco para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, y que la semana pasada se centraron precisamente en la agenda anticorrupción; sino además, por la agenda legislativa 2.0 bajo el formato de parlamento abierto, de la cual dimos cuenta aquí la semana pasada.
Para muestra basta un botón. Entre las dificultades conceptuales que da cuenta el referido Libro Blanco, se encuentra la discusión entre arbitrariedad y discrecionalidad, sobre la cual “se ha señalado que esta última es necesaria para que la administración desempeñe de la forma más eficiente posible sus funciones, ante escenarios cambiantes o casos sui generis. Sin embargo, la discrecionalidad necesaria debe enmarcarse en un escenario en el cual existen mandatos y reglas de procedimiento claras, conocidas, explícitas y aplicables que establezcan el control difuso de la discrecionalidad administrativa y un marco de acción que otorgue certeza a la actuación de los funcionarios públicos, este no es el caso en México.” (2018, p. 8).
Tener clara esta distinción conceptual resulta crucial para orientar la anunciada reforma legislativa 2.0 del Sistema Anticorrupción de Jalisco, hacia el fortalecimiento de las políticas anticorrupción, a través de la introducción de las buenas prácticas y las mejoras administrativas que contribuyan efectivamente a favorecer un comportamiento íntegro, transparente y profesional en todos y cada uno de los servidores públicos, a todos los niveles, que conforman las estructuras de las administraciones públicas locales, si es que se aspira realmente a recuperar la alicaída confianza ciudadana sobre las instituciones públicas de Jalisco. Académico de El Colegio de Jalisco roberto.arias@coljal.edu.mx
Fuente: Milenio
