La Auditoría Superior de la Federación (ASF) propuso al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) la elaboración de un mapa de riesgos de corrupción en materia de procesos electorales.
En el documento “Temas para la conformación del Programa de Trabajo del Sistema Nacional Anticorrupción”, remitido a la presidenta del SNA, Jacqueline Peschard, la ASF sostuvo que el propósito del mapa es determinar los aspectos normativos y de gestión que favorecen la comisión de irregularidades durante procesos electorales.
“Los procesos electorales, tal como están estructurados en México, han generado una fuerte corriente de opinión en contra de lo elevado de sus costos, lo prolongado de su duración y las amplias posibilidades que tienen de generar condiciones propicias a la corrupción, ya sea antes de la celebración de los comicios o una vez que las autoridades electas han tomado posesión de sus cargos.
“Esta situación afecta también a las instancias públicas, puesto que favorece el establecimiento de redes de corrupción y creación de intereses de grupo al margen de la legalidad. Este tipo de colusiones es difícilmente fiscalizable, dado que opera en ámbitos metainstitucionales”, señaló.
La ASF forma parte del Comité Coordinador del SNA y con base en la experiencia que ha acumulado como ente fiscalizador propuso que en el seno del Sistema se discuta éste y otros 14 temas que permitan el combate a la corrupción desde un ámbito estructural, normativo, de gestión y de percepción.
“La presente propuesta parte del principio de que el fenómeno de la corrupción tiene un origen multifactorial. Esto implica que deben considerarse variables de distinta índole.
“Por ejemplo, es importante incorporar elementos que estén relacionados con lo que en la literatura se conoce como ‘corrupción política’, es decir, las reglas no formales que determinan los comportamientos de los actores en un entorno alejado de la legalidad”, indicó.
Los temas propuestos por la ASF para que sean considerados en el Programa de Trabajo del SNA, son profesionalización del servicio público, revisión de sueldos y salarios de los servidores públicos, análisis de los requerimientos de la procuración de justicia, inclusión de la prevención de la corrupción en los planes de estudio.
También revisión de los sistemas de control interno, análisis de riesgos del funcionamiento del SNA y de los sistema estatales, la gestión de los datos masivos que requiere la Plataforma Digital Nacional, la elaboración de una encuesta nacional sobre percepción de corrupción, la instrumentación de una política de comunicación coherente y la implementación de un modelo de denuncias.
Fuente: Reforma
