Con 100 votos a favor, 8 en contra y tres abstenciones el Senado de la República aprobó la reforma constitucional para limitar la adquisición de deuda pública en los gobiernos estatales y municipales.
La reforma establece, entre otras medidas, que los gobernadores y los alcaldes tendrán prohibido solicitar préstamos para cubrir gasto corriente, como el pago de salarios de empleados públicos, y señala que únicamente podrán utilizarse para inversión productiva y la infraestructura.
La aprobación de esta ley se da a casi dos años después de que las deudas locales, como la del estado de Coahuila, se convirtieran en un tema de debate nacional.
“De ninguna manera debe entenderse como un borrón y cuenta nueva sobre las investigaciones en curso o en caso como los de Coahuila, Chiapas u otros que pusieron en tela de juicio la incapacidad o más bien quedo muy evidente la incapacidad de los gobernantes para cumplir y rendir cuentas a las y los ciudadanos que los eligieron”, expuso la senadora del PRD, Dolores Padierna.
Además se prohíbe que los gobernantes locales puedan adquirir deuda durante los últimos tres meses de sus mandatos a fin de evitar la herencias incomodas.
El dictamen que fue enviado a la Cámara de Diputados, establece que el Estado deberá crear un registro único de las deudas de estados y municipios, que estará a cargo de Hacienda.
La reforma modifica los artículos 25, 73, 76, 79, 108, 116 y 117 de la Constitución y fue elaborada con base en seis iniciativas: una del PRI y su aliado el PVEM, dos del PAN y tres del PRD.
“Esta reforma es producto de un esfuerzo profesional, en donde reitero se escuchó a todos, es producto de unir las diferentes visiones a partir de tres conceptos, la transparencia, el límite del endeudamiento para no volver esto un problema estructural de finanzas públicas, pero sobre todo el respeto y la responsabilidad en la rendición de cuentas”, indicó el senador del PRI, David Penchyna.
Los senadores acordaron que cada Congreso local conservará la atribución de definir las cantidades de endeudamiento de la entidad y sus alcaldías, aunque sólo podrá aprobarlas por mayoría calificada.
Además el Poder Legislativo federal podrá avalar u objetar, a través de la Comisión de Hacienda del Senado, las estrategias de financiamiento de estados con altos niveles de deuda que busquen realizar convenios con el gobierno federal.
La SHCP informó en febrero que las 10 entidades con más deudas a finales de 2012 fueron, en ese orden, el Distrito Federal, Nuevo León, Veracruz, Estado de México, Coahuila, Jalisco, Chihuahua, Chiapas, Michoacán y Sonora.
Publicó W Radio.
