Un nuevo capítulo en la saga de escándalos de corrupción, vinculado ahora con los defectos en la regulación del conflicto de interés, ha vuelto a poner sobre la mesa la urgencia de producir reformas para atajar los abusos del poder público en beneficio privado. El riesgo de esa presión renovada es que las soluciones que hoy están a la vista pueden resultar mucho peores que los problemas planteados: enfrentar la corrupción con un nuevo órgano autónomo encargado de perseguir y de castigar corruptos, sin haber comprendido las múltiples causas de este fenómeno, no haría más que perfeccionar los escándalos, incrementar la percepción negativa que ya compartimos y reproducir las ramas que producen la corrupción, sin cortar la raíz.
En el escenario político mexicano hay poco lugar para sutilezas. Quizás por eso es tan difícil encontrar salidas plausibles a los problemas más complejos que nos rodean. Pero no hay duda de que la corrupción se está convirtiendo, cada vez más, en el tema que podría acabar dando al traste con el sexenio completo de Enrique Peña Nieto. Mientras las grandes reformas económicas y políticas siguen su curso, la carcoma de la corrupción se va colando entre ellas y amenazando con hacerlas pedazos, incluso antes de que consigan salir a la luz. Así está sucediendo ya con el reparto de los nuevos negocios de telecomunicaciones, con la reforma energética en ciernes y con las muy esperadas mudanzas en la educación y la seguridad públicas. El brillo de las piezas maestras de este sexenio ha comenzado a perderse con la pátina de la deshonestidad, cuando apenas va transcurriendo el segundo año.
De aquí el riesgo inminente de que el gobierno quiera salir del paso lo más pronto posible con un recurso mediático: el anuncio con bombo y platillo de una nueva Comisión Nacional Anticorrupción, aprobada de cualquier modo. Pero la iniciativa que hoy está en la Cámara de Diputados con la bendición del Ejecutivo y del Senado de la República tiene graves defectos de diseño y los tendría en su operación, animados por la visibilidad pública que ganaría de inmediato, si no se corrigen a tiempo. Sería una comisión persecutoria, diseñada para pescar peces gordos a modo, pero inhabilitada para conjurar las causas que generan la corrupción.
Para ofrecer “el remedio y el trapito” a ese riesgo —como decían los abuelos—, la Red por la Rendición de Cuentas (www.rendiciondecuentas.org.mx) ha puesto sobre la mesa una propuesta alternativa para crear esa Comisión —respetando el nombre y el objetivo anunciados por el Presidente—, que busca garantizar la exigibilidad de la responsabilidad de quienes encarnan la función pública, desde un principio y en positivo, en vez de buscar culpables cuando ya se ahogaron los niños; que propone la creación de un sistema profesional de auditoría pública; que articularía los esfuerzos fragmentarios de muy diversas instituciones, que hasta hoy han dado resultados parciales e insuficientes; que establecería un sistema de precedentes y correcciones sobre los procesos y las decisiones discrecionales que producen la corrupción, más allá de los culpables del día; que cubriría todo el horizonte de la Federación; y que abriría la puerta a los métodos ya probados en otras partes del mundo para el control democrático de la autoridad. Todo esto, sobre la base de la evidencia empírica y comparada que está disponible para cualquiera que tenga a bien observarla.
Tengo para mí que sería un despropósito intentar una salida ligera para enfrentar a la corrupción, pensando en los medios y no en el problema de fondo. El desafío es de tal magnitud, que no puede sortearse mediante las oficinas de prensa ni con un cardumen de peces gordos. La prisa que hay para afrontar este tema, reclama la calma de una buena política pública.
Fuente: El Universal
