Una de las acciones de mayor relevancia para el combate a la corrupción en México es la adopción por parte de las instancias de gobierno, de mecanismos eficaces para la identificación -y acreditación- de los hechos a través de los cuales se materializa dicha problemática.
Junto a la prevención y a la sanción, los mecanismos de detección de la corrupción permiten a las autoridades poner en marcha el engranaje procesal pertinente para investigar y juzgar los delitos y faltas administrativas relacionadas con la corrupción.
Por ello, tanto en el ámbito penal como administrativo, al acontecer un acto de corrupción, existe el deber legal de denunciarlo conforme a los parámetros previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y las autoridades competentes (Ministerio Público y Órganos Internos de Control) tienen la obligación correlativa de efectuar las investigaciones correspondientes.
Pese a que existe una serie de mecanismos destinados a la detección de la corrupción en México, desde nuestro punto de vista, no necesariamente son eficaces para cumplir con los fines a los que están dirigidos, sino que enfrentan una serie de retos que es necesario señalar con precisión para contribuir a su solución.
De manera únicamente enunciativa, algunos de los mecanismos más comunes para la identificación de actos de corrupción son los siguientes:
- Denuncia pública.
- Auditorias gubernamentales (externas e internas).
- Fiscalización patrimonial y de intereses.
En el caso de la denuncia pública, existe la posibilidad de hacer del conocimiento de las autoridades los actos de corrupción, tanto de forma oral, por escrito o en medios digitales; en tanto que, en el ámbito administrativo, la Secretaría de la Función Pública cuenta con un par de sistemas electrónicos denominados “Sistema Integral de Quejas y Denuncias Ciudadanas” (SIDEC) y “Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción”, además de brindar la posibilidad de recibir denuncias por correspondencia, vía telefónica, de manera presencial o mediante un chat (comunicación mediante texto en tiempo real).
Pese a la existencia de ambas vías para la presentación de denuncias por actos de corrupción, lo cierto es que existen al menos 3 retos en la materia:
- El primero, consiste en incentivar la participación ciudadana para la presentación de denuncias penales y administrativas; actualmente dicha participación es baja, en virtud de que la percepción social considera que es poco útil la denuncia ante las autoridades, ya que constituyen trámites o procesos complejos, que quitan tiempo y al final no dan resultados efectivos.
- El segundo, radica en desarticular la presentación de denuncias como elementos de combate político, empleadas más con fines de coacción en contra de quienes no comparten la misma visión del gobernante en turno que como alternativas reales para hacer frente a la corrupción.
- El tercero, estriba en desarrollar investigaciones eficaces, sosteniendo técnica y probatoriamente una teoría del caso y no sólo armando expedientes sin una línea clara de investigación.
Tratándose de las auditorias gubernamentales, las Entidades de Fiscalización de la Federación y de los Estados, así como los Órganos Internos de Control desarrollan un proceso de revisión en cuanto al desempeño institucional y al manejo de los recursos económicos de las instituciones públicas.
Tales procesos pretenden garantizar el logro de los objetivos y metas del gobierno, así como asegurar que el dinero público se emplee de una manera pulcra y eficaz.
No obstante, dichas auditorías no están exentas de observaciones y áreas de oportunidad, entre las que se encuentran:
- La necesidad de observar permanentemente parámetros técnicos que justifiquen los procesos de auditoría, ya sea por la importancia del tema (manejo de recursos) o por los riesgos a los que se encuentran expuestas ciertas áreas sensibles o con banderas rojas (verbigracia las unidades de adquisiciones y de contratación).
- La indispensable exigencia de incrementar el nivel de experiencia y capacitación de los agentes fiscalizadores y promover la conformación de equipos multidisciplinarios para afrontar con éxito algunos aspectos sumamente complejos de auditar.
- El requerimiento de autonomía real de las instancias fiscalizadoras, librándolas de intereses partidistas o de combate a los adversarios políticos y privilegiando el empleo de las mejores prácticas nacionales e internacionales en auditoría, a fin de alcanzar revisiones objetivas y de mayor calidad.
En cuanto a la fiscalización patrimonial y de intereses, consiste enun proceso importante, mediante el cual la Secretaría de la Función Pública y los Órganos Internos de Control procuran verificar el estado patrimonial y los vínculos familiares, personales o de negocios de los empleados públicos, con el objeto de darle seguimiento, a fin de identificar posibles actos de corrupción como por ejemplo algún enriquecimiento no justificado o conflicto de intereses.
La problemática existente para una adecuada fiscalización patrimonial y de intereses en el ámbito gubernamental comprende, entre otros aspectos, los siguientes:
- La falta de un proceso de planeación y programación que permita sistematizar y ordenar las tareas a desarrollar para lograr una fiscalización óptima, aprovechando de mejor forma los limitados recursos humanos, técnicos y materiales de las instancias competentes para revisar el amplio universo de aspectos patrimoniales y de intereses de los servidores públicos.
- La complejidad que representa desarrollar mecanismos inteligentes (con equipos de trabajo expertos y mediante el uso de sistemas y tecnologías de la información) que permitan identificar con precisión redes patrimoniales y de intereses que se alejan de lo permitido legalmente.
- Brindar una orientación más objetiva a las revisiones patrimonial y de intereses, mediante procedimientos imparciales y técnicamente confiables.
La problemática hasta aquí planteada hace evidente la necesidad de perfeccionar los mecanismos de identificación de la corrupción, principalmente por lo que respecta a la autonomía de los órganos de rendición de cuentas, así como a la eficiencia técnica y objetiva de los procedimientos de revisión.
No pasa desapercibido que, complementariamente a dichos mecanismos, existen otras medidas que coadyuvan a la detección de actos de corrupción y que también es pertinente mejorar e impulsar. Tal es el caso del ejercicio de la transparencia y acceso a la información, el periodismo de investigación, además de la Plataforma Digital Nacional, entre otros novedosos instrumentos que derivan del Sistema Nacional Anticorrupción.
En su conjunto, los mecanismos anticorrupción aludidos (denuncia pública, auditorias gubernamentales y fiscalización patrimonial y de intereses) son muestra de la importancia que tiene la lucha contra este grave problema social, mismo que afecta a la ciudadanía en muchos sentidos (cultural, político, social y económico).
De ahí, la necesidad de superar los retos que hemos descrito, a fin de contar con herramientas confiables que detecten la corrupción, mismas que, vinculadas con medidas de carácter preventivo y sancionatorio posibilitarán el desarrollo de estrategias integrales para el combate más eficaz de la corrupción por parte del Estado y la sociedad mexicana.
