Los estragos del cambio climático, las violencias hacia las mujeres, y las amenazas, atropellos y despojo que sufren los pueblos indígenas son problemas mayúsculos que con voluntad política puede atender la virtual presidenta y su administración.
Desde las luchas de la mujer por obtener el voto hasta los actuales esfuerzos por lograr una democracia que pueda entenderse con perspectiva de género, teniendo en cuenta la voz de las mujeres y garantizando espacios de representación política y social, la elección de Claudia Sheinbaum Pardo es histórica y al mismo tiempo es la oportunidad para implementar de manera efectiva la legislación y las políticas públicas existentes que atienden las consideraciones referidas a la igualdad entre los géneros, el acceso equitativo y pleno a los derechos sociales, así como la erradicación de las violencias contra la mujer.
En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente 2024, cuyo propósito es promover la restauración de las tierras, detener la desertificación y fortalecer la resiliencia a la sequía bajo el lema “Nuestras tierras. Nuestro futuro. Somos la Generación Restauración”, se espera que como científica y ambientalista, la virtual presidenta y su administración respondan sin titubeos a este llamado a la protección y la revitalización del medio ambiente y a dar cumplimiento al Acuerdo de Escazú, un instrumento jurídico pionero en materia de protección ambiental, que es un tratado internacional de derechos humanos, del cual México es parte.
Con una mayoría legislativa a su favor, la Coalición gobernante debe asumir que es necesario dictaminar y aprobar algunas de las iniciativas de reformas enviadas al Poder Legislativo el 5 de febrero de 2024, como aquella en materia de derecho a la alimentación, medio ambiente sano y derecho al agua. Esta iniciativa establece que el agua para consumo personal y doméstico tiene prioridad sobre cualquier otro uso; prohíbe tanto el otorgamiento de concesiones como las actividades de exploración, explotación, beneficio, uso o aprovechamiento de minerales, metales o metaloides a cielo abierto, y prohíbe la extracción de hidrocarburos líquidos y gaseosos en yacimientos petroleros no convencionales mediante fracking o fracturamiento hidráulico, entre otras propuestas importantes.
Así mismo, dentro de su proyecto de Nación, la virtual presidenta se ha comprometido a luchar por la aprobación de la reforma en materia indígena que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, la continuidad de los planes de justicia indígena y promover el reconocimiento de las culturas y las lenguas. Paralelamente a su reconocimiento como sujetos de derecho público, se debe reconocer constitucionalmente los derechos que los pueblos y comunidades indígenas tienen, como el derecho a la propiedad de sus tierras, territorios y recursos o bienes naturales, donde la posesión tradicional de las mismas por parte de las comunidades indígenas basta para el reconocimiento oficial de la propiedad.
Como puede observarse, los estragos del cambio climático, las violencias hacia las mujeres, y las amenazas, atropellos y despojo que sufren los pueblos indígenas son problemas mayúsculos, pero con voluntad política la siguiente administración puede demostrar su compromiso con los derechos de las mujeres y la protección del medio ambiente, su defensa por la vida y por el ejercicio de los derechos humanos y colectivos de quienes habitamos este país.
* Maira Olivo es abogada en el programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de @FundarMexico.
Fuente: Animal Político
