La desaparición es una de las más dolorosas situaciones que un hogar puede vivir. El delito de desaparición forzada, por ejemplo, no prescribe sino hasta que se localiza a la persona o se tiene certeza sobre su paradero debido a que existe un sufrimiento continuo para la familia afectada. Una de las poblaciones más vulnerables a la desaparición son las niñas, niños y adolescentes. Ya sea por descuidos o como parte de un delito, cientos de menores de edad desaparecen en México.
El Programa Nacional Alerta AMBER, lanzado en México 2012, es la herramienta para atender este problema. Surgió en Estados Unidos en 1996 tras la desaparición de una niña de 9 años y nuestro país es pionero en América Latina en la implementación de mecanismos específicos para la localización y recuperación de menores desaparecidos. Destaca que desde su inicio este programa ha sido crucial en la recuperación de más del 80% de los menores reportados como desaparecidos.
Sin embargo, la realidad nos enfrenta a un panorama complejo. Detrás de cada niña, niño o adolescente desaparecido, existe una historia de vulnerabilidad y riesgo. Algunos de los menores no localizados terminan como víctimas de explotación infantil, en prostitución o como parte de redes trata de personas.
La Alerta AMBER representa así un paso importante en la búsqueda de los menores desaparecidos y en el menor tiempo posible. Sin embargo, no está exenta de propuestas de mejora. Por ejemplo, a diferencia de otros países donde se implementa la Alerta como en Estados Unidos, Alemania, Canadá o Perú, el modelo mexicano no contempla la activación de todo un protocolo de búsqueda y rastreo. Se limita a una difusión limitada de las cédulas de búsqueda y que no incluye el envío de mensajes a los teléfonos móviles de las zonas colindantes a las desapariciones.
El interés de la sociedad es tal, que en la sesión de pleno del INAI que realizamos ayer, expuse un recurso donde una persona pidió a la Secretaría de Educación Pública información sobre cómo actúan las escuelas particulares ante una alerta ámber y si existe alguna sanción en caso de no atender un protocolo. Aunque la SEP se declaró incompetente, después de analizarlo por mi Ponencia, le dimos la razón a la persona e instruimos a que se entregue lo solicitado.
El papel del derecho a saber cobra aún más relevancia. Instituciones como el INAI y los organismos garantes en las entidades desempeñan un papel fundamental al abrir los candados que obstaculizan la información que marca la diferencia para las familias y víctimas de personas desaparecidas.
Desde mi ponencia hemos instruido dar a conocer las estadísticas relacionadas con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, así como tener certeza sobre el papel de las escuelas en la Ciudad de México cuando tienen bajo su resguardo un menor con reporte de desaparecido. Así, desde el Pleno del INAI aportamos a este tema utilizando nuestras facultades para apoyar a la sociedad.
Es a través de datos transparentes y actualizados que podemos comprender la magnitud del problema y diseñar políticas públicas efectivas que aborden sus causas profundas. Es buen momento para actuar con empatía en la búsqueda de políticas de gobierno que pongan fin a este problema en crecimiento que nos lastima y deja vacíos.
Fuente: Sol del Centro
