“Estamos haciendo más exigente y transparente la fiscalización. Al mismo tiempo, estamos ampliando la capacidad de carga del sistema integral de fiscalización. Vamos a generar información mucho más clara y accesible para los medios, para el público, sobre gastos e ingresos de cada una de las campañas que fiscalizamos, para cada uno de los miles de candidatos fiscalizados”, resumió el consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización.

De ser aprobado el nuevo reglamento, éste permitirá que, al final de cada ejercicio fiscalizador, la autoridad electoral pueda presentar “una suerte de estado de cuenta” con indicadores sobre el dinero que reciba el candidato, así como quién lo recibió y cuánto y en qué lo gastó.

“Hay una evolución en el sentido que marca la reforma constitucional de 2014, de que México es el sistema político con la mayor capacidad de fiscalización sobre los actores políticos y con el mayor rigor en cuanto a la exigencia de rendición de cuentas de los partidos políticos.

“Para decirlo en términos tradicionales: en materia de dinero, los partidos políticos y los candidatos tienen cero derecho a la intimidad, y estamos garantizando que esto se haga de manera clara, precisa y que acabe en manos de la ciudadanía”, abundó el consejero.

Con la aprobación del reglamento, dijo, se podrá “dar una vuelta a la tuerca” hacia mayor transparencia y una más efectiva rendición de cuentas.

En esa lógica, detalló Murayama, serán ajustados los convenios que el INE tiene con el Sistema de Administración Tributaria (SAT) para a conocer la capacidad económica de los sujetos y candidatos.

“Vamos a continuar afinando toda la información que intercambiamos tanto con Hacienda como con la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para allegarnos información adicional a lo que declaran los partidos y candidatos, a efecto de comprobar que nos están diciendo la verdad”, apuntó.

La rendición de cuentas de los partidos, subrayó, no va en contra de los propios partidos.

“Es una de las herramientas que tenemos para apuntalar la credibilidad de los propios actores políticos ante la ciudadanía”, expuso.