A sólo 20 días para que los electores hidalguenses vayamos a las urnas y decidamos el sentido de nuestro voto, es tiempo de cuestionar si es necesario que las Planillas de candidatos reenfoquen sus esfuerzos y se comprometan a presentar a la ciudadanía un Plan o Programa de Gobierno, o por lo menos, el esquema de una Agenda Municipal que permitir el ejercicio de una gestión pública en armonía, a partir de la incorporación estructural de principios y prácticas de un modelo de Nueva Gobernanza.

Se requiere un plan de gobierno que proponga y sustente las acciones políticas necesarias para gobernar al municipio, que señale la forma cómo llevarlas a cabo, y no que se limite a presentar una relación de ocurrencias, o refiera un listado de obras y servicios. Estamos en una contienda para elegir un órgano de gobierno municipal, cuya función principal es construir y tomar decisiones políticas. No estamos eligiendo a un gerente, o a un director de obras públicas.

Las condiciones que va a enfrentar la gestión de los próximos Ayuntamientos, será de enormes dificultades por la crisis sanitaria del COVID-19; las consecuencias del derrumbe de la economía nacional, que implica la caída del PIB entre un 10 o 12%; y la creciente inseguridad pública.

A este negro panorama hay que agregar que se estima que será hasta el año 2024 cuando se recuperen los niveles económicos del 2019, lo que significa que el ejercicio de gobierno de los próximos Ayuntamientos será muy complejo y de una escasez de recursos presupuestales extrema.  

Los próximos Ayuntamientos vivirán esta penuria, cuando comprueben en los hechos que no hay una política nacional para mitigar de manera suficiente y eficaz, los enormes daños que sufre la planta productiva nacional; que el cierre de miles de empresas ha provocado un desempleo sin precedentes, y ha incrementado la población en condiciones de pobreza y pobreza extrema; que han sido severamente impactadas las actividades productivas, (agricultura, ganadería, silvicultura, apicultura, avicultura, comercio, industria, minería, construcción, turismo, transporte, y servicios); que el crecimiento de las cifras de criminalidad no disminuye; que la falta de resultados en el combate de la pandemia sanitaria, significa una enorme presión y malestar social; que la reducción de sus participaciones y aportaciones, afectará su capacidad para solventar el gasto de la prestación de bienes y servicios públicos municipales, en condiciones de calidad, oportunidad y cobertura, y realizar obras públicas, acciones e inversiones.

Ante semejantes complicaciones y carencias, ¿qué pueden hacer los Ayuntamientos?

La respuesta es contundente: el Ayuntamiento como estructura política, tiene que determinar una organización funcional óptima y nombrar una estructura administrativa eficaz y eficiente, que responda a las exigencias de una gestión capaz de ofrecer los resultados y soluciones que demanda la ciudadanía.

El Ayuntamiento, como órgano de gobierno, tiene que cambiar sus anquilosadas y disfuncionales maneras de ejercer el gobierno. En las actuales condiciones, ya no tienen cabida las prácticas excluyentes y autoritarias, ni es posible el ejercicio de gobierno sin la participación organizada de la ciudadanía. Los ciudadanos no pueden seguir al margen. Tienen que formar parte de los planes y programas de gobierno. No pueden seguir siendo comparsas de procesos electorales, que sólo los utilizan como actores contemplativos.

Se requieren propuestas para impulsar una reforma administrativa que actualice los distintos procedimientos relacionados con la educación cívica y la participación ciudadana, comunitaria y vecinal; la planeación, seguimiento y evaluación del quehacer público; la transparencia y la rendición de cuentas; el desarrollo de nuevos procedimientos que simplifiquen trámites y ahorren recursos y molestias a los ciudadanos; el ejercicio del gasto público y la recaudación de ingresos; las acciones que promueven la participación del territorio en la gestión integral del desarrollo, y en la proyección y aprovechamiento de las potencialidades de municipio; y un irreductible compromiso de combatir la corrupción y la impunidad.

Faltan proposiciones para promover la participación ciudadana organizada en la gestión de gobierno y para incorporar una Nueva Gobernanza como principio vertebral de una nueva forma de gobernar, que garantice una gestión de Buen Gobierno y condiciones de gobernabilidad, que de otra suerte estarían permanentemente amenazadas.

La importancia de la participación ciudadana en la gestión municipal, es fundamental para recuperar la confianza y la credibilidad de la sociedad en las instituciones gubernamentales; y para que los partidos políticos, como instituciones de interés público, que encarnan los intereses, relaciones y demandas ciudadanas, fortalezcan con hechos los principios de representatividad y legitimidad, que son su razón de ser.

Se requieren iniciativas para “generar una nueva institucionalidad donde la vitalidad del Ayuntamiento como órgano de gobierno, sea capaz de preservar su fortaleza jurídica, su presencia social solidaria y una gestión pública garante del Derecho Humano al Buen Gobierno.” (https://wp.me/p1JSMG-xs)

Hacen falta proyectos para un ejercicio de gobierno que: a) sitúe a la ciudadanía como factor del cambio, b) retome las demandas populares y visualice una Nueva Gobernanza, con propuestas claras, sólidas y concretas en una Agenda Municipal c) construya una agenda parlamentaria con proposiciones de iniciativas y acuerdos, para que el Cabildo perfeccione y fortalezca el marco reglamentario municipal, d) impulse iniciativas para una Reforma Política Municipal que materialice el principio de representación política y garantice que el quehacer público se ejerza atendiendo los intereses de los ciudadanos y de las comunidades; e) implemente una Reforma Administrativa que organice la División Política Regional del Municipio y la creación de estructuras institucionales, comunitarias y vecinales en el marco de un Sistema Municipal de Cultura Cívica y Participación Ciudadana.

“La autonomía política municipal debe ser el eje central del quehacer gubernamental, donde la ciudadanía consolide su participación en la planeación, la gerencia administrativa, el recaudo económico de tributación, lo financiero, la armonización de programas sociales y de infraestructura, la prevención de la criminalidad, la solución pacífica de los conflictos, la seguridad pública y la generación de oportunidades sociales. Esto podrá trascender si la Ley Orgánica Municipal norma un ejercicio público con responsabilidad compartida, equidad y reciprocidad jurídico-política, donde la transferencia del poder de decisión, sea el vínculo que estructura la cultura cívica y la participación comunitaria y vecinal.” https://wp.me/p1JSMG-xk

Agenda

• El proyecto del Ministro de la SCJN Luis María Aguilar, declara inconstitucional la consulta popular solicitada por el presidente López Obrador para juzgar a los expresidentes de la República, advierte que “Se trata de un concierto de inconstitucionalidades que pudieran incidir negativamente en el acceso a la justicia, la persecución de los delitos y el Estado de derecho mismo”  

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