Desde el planteamiento y adopción del Plan de Acción Anticorrupción en 2010, los países con economías desarrolladas y emergentes que integran el G-20, se han visto obligados a revisar las acciones comprometidas para encontrar mejores resultados. El impacto creciente de las redes de corrupción sobre el crecimiento económico, el bienestar social, la desigualdad y la confianza – no sólo en los gobiernos sino también interpersonal- requieren que la agenda anticorrupción sea una prioridad explícita para estos países. Esta es una de las conclusiones a las que llegó recientemente la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) la cual se dio a la tarea de analizar datos y casos que pudieran brindar luz sobre las causas e impacto de los canales de corrupción en cuatro áreas que resultan clave para el desarrollo y bienestar de un país. Estas son: educación, infraestructura, salud e industrias extractivas. Sin tratar de hacer una receta única para todos los países, el análisis “Consecuencias de la corrupción a nivel sectorial y sus implicaciones en el crecimiento económico y el desarrollo” esquematiza las condiciones que han propiciado la existencia de canales de corrupción así como su impacto final en servicios deficientes o inexistentes (como en el caso de servicios de salud), obras inconclusas o fraudulentas, colusiones entre gobierno y sector privado en la explotación de recursos naturales así como los alarmantes resultados en materia educativa sobre todo en los países con fuertes desigualdades.

A través de diez consideraciones generales para una política internacional de combate a la corrupción, la OCDE enfatiza sobre la necesidad de desarrollar tanto mejores controles internos en las empresas para evitar sobornos como mejores controles externos que permitan detectar, erradicar y sancionar prácticas de colusión para lo cual enfatiza sobre la relevancia de mejorar los pesos y contrapesos nacionales así como la cooperación internacional entre diferentes jurisdicciones. El organismo internacional sugiere también reforzar medidas existentes como la transparencia y el acceso a la información en la obtención de contratos y servicios, los esquemas de gobierno abierto así como las políticas a favor de la rendición de cuentas. De igual forma, hace un llamado para que los integrantes del G-20 produzcan una nueva generación de indicadores sobre corrupción que vayan más allá de las percepciones para así afinar el desarrollo de políticas públicas. Finalmente, sugiere robustecer los mecanismos de evaluación de impacto de las acciones anti-corrupción que permitan recomendaciones puntuales. Este análisis no podría haber salido en mejor momento ya que este miércoles el Presidente Enrique Peña Nieto promulgará la reforma que da vida al Sistema Nacional Anticorrupción. Será un buen momento para hacer de este tema una verdadera prioridad y así anunciar el compromiso explícito con la agenda que viene.

Corolario: gran preocupación generó el proceso de designación de candidatos a integrar el pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) de Baja California. A diferencia de procesos similares en los cuales ha existido una amplia convocatoria, participación y transparencia este se ha hecho en total opacidad ¿qué esconderán?.