La virtud de la pluralidad, inclusión, solidaridad y tolerancia, ha sido secuestrada por el conflicto de interés y la discriminación que intentan imponer desde el pedestal de una curul, algunos diputados del Congreso hidalguense, que pretenden aislar al ciudadano, violentando sus derechos políticos y desatendiendo el principio de legalidad.
Estos nobles de la curul han hecho del escaño una facción partidista. Estirpe imperial de la corrupción, responsable de que la representación legislativa se perciba como el cáncer que corroe las entrañas parlamentarias, porque se ha convertido en un enclave que se alimenta de la violencia, el desencuentro, el pillaje patrimonialista y el engaño. Asideras demagógicas, populistas y gatopardistas, con las que hoy capitalizan el poder que el pueblo les ha conferido.
¿Cómo puede imperar la probidad del ejercicio público, si se pretende maniatar al pueblo?
¿Cuál es la lección histórica que debemos aprender de la corrupción y del juego de intereses como modus vivendi de esta casta imperial?
La respuesta es contundente: la conciencia social subsiste y se abre paso ante esta realidad política, porque al pueblo no se le quebranta ni engaña, ya que es una fuerza madura que no se puede acallar desde la corrupción e impunidad.
Que no se confundan aquellos que han hecho del encargo público el festín orgiástico de un botín espurio, porque no podrán esconderse tras el fuero, ni evadir el activismo moral de la ciudadanía.
No debemos convertirnos en el país de la pantomima y la simulación. La sociedad no es una fuerza histriónica.
No se pueden crear escenarios o imaginarios donde la virtud pública aparezca como tragedia griega, que acaba en muerte o en desolación social.
El andamiaje del espíritu ciudadano que ha dado vida al Sistema Anticorrupción, debe superar cualquier adversidad y perversión que pretenda arrebatarle al ciudadano el corpus iuris, instrumento vital de prevención, vigilancia y castigo contra el abuso del quehacer público y patrimonial de la Nación.
Así emerge el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), que se encuentra en la fase de integración de los órganos que darán vida a esta estructura de corresponsabilidad ciudadana y gubernamental.
La escrupulosa integración de la Agenda del Comité Coordinador (CC) del SEA es vital para iniciar con paso firme la articulación de los mecanismos, diseño, promoción y evaluación de políticas públicas anticorrupción.
Este Comité Coordinador está integrado por el Presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC); el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASEH); el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción (FEDC); el titular de la Secretaría de la Contraloría (SC); un representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial (CJPJ); el Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo (ITAIH); el Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa (TJAH); y, por cinco titulares de Contralorías Municipales.
Entre sus facultades está la elaboración de un programa anual; establecer bases y principios para la coordinación efectiva de sus miembros; aprobar, diseñar y promover la política estatal en la materia, indicadores de gestión, evaluación, ajustes y modificaciones del Secretariado Técnico; acordar medidas para la integralidad del sistema; requerir información y recabar datos, observaciones y propuestas.
Asimismo deberá instrumentar mecanismos, bases y principios para interactuar con las autoridades de fiscalización, control, prevención y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción; y determinar los mecanismos de suministro y actualización de la información que deberá transmitir al Sistema Nacional y a la Plataforma Digital Nacional, entre otros.
Pero si la forma es fondo, aún quedan prescripciones por atender, es necesario considerar la creación de todos los mecanismos operativos; la forma de evaluar el desempeño de los integrantes; elaborar protocolos y guías para coordinar los trabajos de cada miembro del CC; construir las directrices para efectuar las recomendaciones; y el eslabón más importante, garantizar el acatamiento a las disposiciones del Presidente y el papel rector del Comité de Participación Ciudadana.
El esfuerzo nacional para crear una estructura sistémica anticorrupción, tiene un reto de fondo: preservar cada uno de los componentes que dan vida a los sistemas estatales; la interacción con los titulares de las dependencias de los tres órdenes de gobierno para atender las recomendaciones que se les formulen; y la asignación de presupuestos para su operación.
La suspicacia social sobre el SEA, radica en el temor de que la presencia ciudadana se convierta en comparsa del sistema, y que no tenga un sentido de defensa y preservación del interés público en la salvaguarda de la probidad y el combate a la corrupción e impunidad.
Debemos impedir que el Sistema Anticorrupción nazca manoseado, con cimientos débiles y al margen de la sociedad civil; a la zaga de las determinaciones vitales que lo crearon a nivel nacional y local, porque ello decapitaría la legitimidad social con que nació esta iniciativa de moralización y eticidad del aparato público.
Por ende, el reto político del Estado es crear una estructura que asegure un orden fundado en la procuración de la probidad pública, que procese y resuelva las anomias de la corrupción e impunidad; que no se pierda en la inoperancia y mezquindades facciosas; que garantice que el Sistema Nacional Anticorrupción y sus réplicas estatales, constituyan una genuina plataforma de horizontalidad y gobernanza activa, que vertebre el quehacer público y haga que la corresponsabilidad ciudadana en la toma de decisiones sea la regla de oro y no una excepción brutal y autoritaria.
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