Insertos en el escenario de nuevos procesos electorales, la cultura cívica y la participación ciudadana aparecen como la génesis que deben encauzar los partidos y las instituciones públicas para trascender el déficit de representatividad, y afianzar desde una nueva dimensión de ciudadanía activa, la transformación política.
En este escenario, partidos e instituciones son los ejes del desarrollo político y social del Estado deben rechazar la simulación y a la pantomima política que amenazan con causar estragos en las formas de armonizar y concretar la tarea pública y política.
Los vertiginosos cambios en las estructuras políticas y en la conformación geopolítica nacional, deben propiciar que el Estado y la sociedad civil creen un proceso político cuya causal sea la participación ciudadana en la toma de decisiones del ejercicio de gobierno, donde la discusión de fondo para reestructurar el Estado, se enfoque en el déficit de funcionalidad de partidos e instituciones.
¿Qué acciones hay que emprender para conseguir este objetivo? El diagnóstico inmediato señala la necesidad de fortalecer el juego de pesos y contrapesos del poder. Su presencia o ausencia revela la salud o enfermedad del orden sistémico, condición que impacta la credibilidad y legitimidad de las estructuras gubernamentales, y propicia o desdeña el autoritarismo y la perversión de la clase política, en detrimento de los ciudadanos.
Entonces, es necesario garantizar la horizontalidad del binomio ciudadanía-gobierno, como elemento sine qua non de las lógicas que armonizan la tarea pública, que hace de la soberanía un producto simbiótico de toda la vertebración del Estado, donde radica la verdadera transversalidad ciudadana como patrimonio público.
La horizontalidad tiene como idea central las prácticas de gobierno abierto y en público, cuya sustancia fomenta la participación ciudadana en el quehacer público y advierte la relevancia de lo social, como “cosa de todos”, producto de una democracia inteligente que no convierte la realidad en el espectáculo de amigos y enemigos, sino en la responsabilidad ética de una sociedad, que se edifica en los principios valóricos que preservan al Estado.
En esta perspectiva, el enfoque político debe fortalecer las estructuras partidistas e institucionales, a través de una efectiva presencia ciudadana, que garantice la utilización de mecanismos constitucionales para dar forma y sentido a las acciones públicas.
Los procesos electorales locales son una gran oportunidad para que, con una visión partidista compartida y programática en pro de la sociedad, apreciemos la necesidad de fortalecer su conducción orgánica en la toma del poder público, defender el Estado Democrático de Derecho y respetar las instituciones y organismos encargados de velar por la transparencia y equidad de los procesos.
El INE, los tribunales electorales y las fiscalías especiales para la atención de delitos electorales, constituyen el factor garante y sensible de legalidad, legitimidad y certeza democrática, a la vez que fortalecen las estructuras sociales y su dinámica de armonización e integración a las tareas del ejercicio público.
Estas instituciones son productos de una larga lucha que ha logrado consolidarlas como organismos imparciales, de equidad y justicia política, para partidos y ciudadanos. En consecuencia, no puede permitirse que persista la paradoja del autoritarismo político, ni la verticalidad del poder gubernamental en el nombramiento de los servidores que conforman estas instituciones electorales.
Todo proceso electoral es una dimensión democrática de la inserción ciudadana, que como actor protagónico en el ejercicio del quehacer político, debe exigir que partidos y candidatos perfilen desde sus plataformas, pronunciamientos para la cocreación de la tarea pública, que garantice estabilidad en las expectativas ciudadanas y horizontalidad activa.
La serie de desencuentros que experimentamos en materia de corrupción e impunidad, inseguridad, desigualdad y pobreza, tienen en su raíz la misma cara, el anquilosamiento de partidos e instituciones, que han extraviado la razón de la soberanía popular, como principio y génesis de la causalidad de la esfera pública y del patrimonio social.
No es posible transformar al Estado si primero no transformamos la fuerza motriz de partidos e instituciones, desde la base de la participación ciudadana, como vector de las acciones públicas. Esto es claro y necesario. Es la sinergia de la transformación que demanda y pondera el Derecho Humano a un Buen Gobierno.
Los procesos electorales locales son, una radiografía de lo que será el ejercicio de gobierno municipal o estatal. Muestran la fortaleza y naturaleza del poder orgánico de los partidos políticos, como conductores sociales, los cuales desde sus plataformas programáticas hasta la selección de sus candidatos, constituyen la columna vertebral que le da forma y sentido a la lucha por el poder público y fortalece la dimensión racional y moral de su ejercicio. De allí la importancia de la salud operativa y legal de instituciones como el INE.
¿Cómo puede cobrar vigencia el Derecho Humano a un Buen Gobierno, sin la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones del Estado?
La respuesta debe gestarse desde los procesos electorales, primero con el compromiso de una premisa de cambio en el proceder y articulación de la planeación democrática, que cuestione las asimetrías del ejercicio público y su horizontalidad; y segundo, los partidos e instituciones tienen que replantear, reestructurar y encauzar un cambio político, que impulse la participación ciudadana y evite los estragos insulares del ejercicio de gobierno.
Empero, no será fácil conseguir este objetivo porque la marginación política y la parcelación del poder público, han vulnerado históricamente al ciudadano y entorpeciendo los espacios de la inteligencia social e institucional como vínculos de transformación pública.
Pero no puede persistir el Vía Crucis de esta paradoja política. Debemos advertir que el sujeto político, como ciudadano activo, es consustancial a las formas gubernamentales y la fase electoral debe atender la probidad efectiva del poder público. No puede quedarse en el ánimo discursivo, retórico y demagógico, porque ya tenemos las evidencias de esta distancia ciudadana e institucional. No necesitamos nuevas lecciones sobre la frustración y el ocaso de partidos e instituciones.
Agenda
- La presentación del informe de la comisionada de Derechos Humanos, Rosario Piedra, mostró, dice Rafael Cardona, “…la docilidad y sumisión del Poder Legislativoconvertido en el escudo del gobierno… comenzó con el silencio de la señora Piedra ante los problemas migratorios en la frontera del sur, entre otras graves violaciones a los DH, como los asuntos de la Salud, ante los cuales (para usar una expresión ajena), “calla como momia”…”
Fuente: Perspectiva
Por: Esteban Ángeles
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