La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) afirmó que los recortes planteados en el presupuesto para 2019 agravarán el rezago financiero de las casas de estudio.

En un comunicado, luego que se dieran a conocer recortes de hasta 6 por ciento a la UNAM, UAM y el IPN, así como reducciones al subsidio federal para las universidades públicas estatales, la asociación manifestó su inconformidad con el monto de los recursos destinados a la educación superior en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019.

“De concretarse estas reducciones, se agravaría el rezago financiero acumulado en los últimos años, ya que durante el periodo de 2000 a 2017, se observó un incremento de la matrícula pública de educación superior de 116 por ciento, mientras que el crecimiento del gasto federal fue de 71 por ciento”, expone la ANUIES.

“Además, en el periodo 2015-2018, diversos programas presupuestarios de carácter extraordinario se redujeron en cerca de 22 mil millones de pesos”, añade.

La organización advierte que en el proyecto de presupuesto para el próximo año los fondos extraordinarios concursables para el desarrollo profesional docente, la ampliación de la oferta educativa y la mejora de la calidad se reducirían en mil 843 millones de pesos, es decir, 43.6 por ciento en términos reales.

La ANUIES aseveró que la situación de rezago financiero se le presentó al ahora Presidente Andrés Manuel López Obrador en una reunión con los rectores de universidades públicas.

Recordó que en el encuentro el tabasqueño se comprometió a no reducir el presupuesto, sino mantenerlo, considerando la inflación estimada para 2019.

“Las universidades atienden en conjunto a 3.2 millones de estudiantes desde bachillerato hasta doctorado. Por ello, necesitan certeza financiera para llevar a cabo sus planes de desarrollo mediante los recursos ordinarios y extraordinarios que les asignan anualmente”, manifestó la ANUIES.

En ese sentido, llamó a la Cámara de Diputados a realizar los ajustes necesarios para otorgar los recursos que requieren las instituciones de educación superior.

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Fuente: Reforma