Un juez federal admitió hoy a trámite uno de los dos amparos con los que el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) busca obligar a los Estados a someterse a las leyes generales en esa materia.
Ricardo Gallardo Vara, Juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa, admitió el amparo del CPC encaminado a que el Poder Judicial aclare que las entidades tienen que plegarse a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y no tienen facultades para expedir sus propias normas.
Dicha ley regula los procedimientos, causas de responsabilidad y sanciones para todos los servidores públicos, a partir del pasado 18 de julio, pero según el Comité hay confusiones a nivel local sobre cuál es la norma aplicable a funcionarios estatales y municipales, así como a los particulares que interactúan con ellos.
Gallardo fijó el 4 de septiembre para audiencia constitucional del juicio, aunque el dictado de la sentencia podría tomar más tiempo, sobre todo si se requieren informes a todos los Congresos estatales para verificar el estatus del tema de responsabilidad administrativas en cada entidad.
El CPC plantea que se reconozca que, de acuerdo con la Constitución Federal y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el Congreso de la Unión es el único competente para legislar en esta materia, y en consecuencia, se determine que los estados carecen de facultades válidas para emitir leyes locales.
Además, para que se aclare que el pasado 18 de julio, todos los Estados debieron derogar sus leyes de responsabilidades, o abstenerse de aprobar nuevas leyes, como hicieron Baja California Sur y el Estado de México.
El otro amparo del Comité busca obligar a Estados incumplidos a reformar sus leyes locales para adaptarlas al SNA, lista que incluye a Chihuahua, Veracruz, la Ciudad de México, Baja California y Tlaxcala.
También se pretende forzar a los que ya tienen sus SNA locales para que respeten las reglas de integración de los comités coordinadores, y la participación de al menos un representante ciudadano en dichas instancias.
Este amparo fue turnado al Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, Juan Pablo Gómez Fierro, quien este miércoles pidió a los quejosos algunas aclaraciones antes de resolver si lo admitirá a trámite.
Fuente: Reforma
