A un año de la aprobación de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en Oaxaca y a trece años de la despenalización del aborto en la Ciudad de México, aún queda mucho camino por recorrer para que las mujeres en México accedamos libremente a nuestros derechos sexuales y reproductivos. No sólo requerimos reformas legislativas que nos permitan decidir sobre nuestro cuerpo, sino, también es necesario un sistema de salud robusto que nos garantice este acceso.
A lo largo de estos años, en Fundar hemos señalado, a través de nuestro análisis al paquete económico, el vínculo intrínseco del acceso a los derechos con la asignación de recursos. Sin un presupuesto adecuado no es posible la garantía de derechos. Por lo tanto, preocupa que al Programa de Salud Materna Sexual y Reproductiva que se encuentra bajo la rectoría del Centro Nacional de Equidad y Salud Reproductiva se le reduzca su partida de 2 mil 449 millones de pesos en 2020, a mil 822 millones de pesos como contempla el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el 2021. Esto disminuye sus recursos en 26% a un programa que, entre otras cosas, incluye un componente de prevención y atención de la violencia y de aborto seguro.
El recorte interfiere con el cumplimiento de la obligación del Estado mexicano sobre el desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales entre los cuales está el derecho al disfrute de bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud. En este sentido, existen una serie de factores determinantes que el Gobierno de México debe asegurar como: hospitales, clínicas, medicamentos, profesionales de la salud y políticas públicas que, sin un presupuesto destinado aumentan las barreras de acceso que las mujeres enfrentamos. Además, tiene un impacto directo en el compromiso asumido por México, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de disminuir la tasa de mortalidad materna.
Para garantizar estos derechos, es fundamental asegurar una ampliación a la cobertura del Sistema Nacional de Salud, la cual además necesita de políticas fiscales con enfoque de género que consideren las desigualdades regionales en los marcos normativos y en la infraestructura de los servicios de salud.
Las mujeres, colectivas y organizaciones en México nos seguiremos movilizando física y digitalmente hasta que la maternidad sea elegida, lo cual sólo será posible hasta que las diferentes instituciones responsables nos garanticen un sistema que contemple la diversidad de contextos y necesidades de las mujeres de este país.
* Claudia García es analista de Gestión Institucional y del Conocimiento, y Mane Camiro es analista en el área de Relación con Donantes en @FundarMexico.
Fuente: Animal Político
