Ahora que en diversos medios se ha comenzado a discutir fuertemente el contenido del Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 y el fuerte déficit que implicará, valdría la pena señalar que, si bien el análisis de éste es indispensable, casi siempre se olvida, o quizá más bien se desconoce, que el ejercicio del gasto público nunca termina siendo como el PPEF lo señala, bueno, ni si quiera como el PEF aprobado. Lo que sucede en realidad es que, uno es el presupuesto que los Diputados aprueban, y otro el que en realidad se ejerce. Esto no solo se debe a las ampliaciones o disminuciones con las que quizá estamos más familiarizados; sino en gran, gran medida a los cambios que los ejecutores del gasto realizan entre rubros, partidas o conceptos. Para decirlo de manera más coloquial, sacan dinero de un cajón, para meter en otro. Y si bien es verdad que la complejidad de la realidad a la que nos enfrentamos demanda también cierto grado de discrecionalidad para poder hacer frente a situaciones contingentes o emergentes, tal cual lo vimos y lo vivimos con la pandemia por covid-19, con los desastres naturales en general, o con eventos del contexto internacional que terminan por tener efectos importantes en nuestro país y que demandan alguna intervención por parte del gobierno, también es verdad que no necesariamente todo cambio es para atender alguna de estas situaciones y, en general, poco o nada sabemos sobre las razones que motivan las mudanzas o transferencias al interior de un ramo o unidad responsable de la administración pública. El problema, evidentemente, es que sin mayor discusión, análisis o justificación se redirigen los recursos que son de todos, según la voluntad y conveniencia de unos cuantos; cuando esto se vuelve más la norma que la excepción y los candados o mecanismos de rendición de cuentas son básicamente inexistentes, evidentemente no hay certeza de que los recursos terminen siendo usados para promover y garantizar el bienestar y la justicia social, es más, los incentivos para realizar una adecuada planeación disminuyen considerablemente.

Estos traspasos son entonces los que deberían de preocupar y ocupar buena parte de los debates sobre el Presupuesto de Egresos, porque si la constante es que grandes cantidades de dinero año con año terminan siendo utilizadas de formas muy distintas a lo que se esperaba y se aprobó, más allá de hacer frente a situaciones que no pudieron preverse, entonces esto significa que algo se está haciendo mal, ya sea porque existe una deficiente planeación, o porque simplemente para algunos este proceso les parece irrelevante, lo importante es que se apruebe cierta cantidad de recursos, que ya después se verá en qué se utiliza.

Veamos un ejemplo, en 2021 el ramo Educación Pública tuvo un monto aprobado por alrededor de $337,851 millones de pesos; sin embargo, su ejercicio superó los $369,000 millones. Es decir, ya de entrada este ramo tuvo una ampliación de recursos, pero no solo esto; cuando hacemos zoom para ver lo que sucedió al interior de él, de acuerdo con el Informe sobre el Combate a la Corrupción en México 2021, realizado por el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, encontramos que, poco más de 100,000 millones de pesos no se utilizaron en lo que se supone debían emplearse, lo que representó alrededor de una tercera parte del ejercicio, pero ¿Quiénes decidieron estos cambios?, ¿bajo qué argumentos?, ¿con qué objetivos?, ¿se justifica que una tercera parte del presupuesto no responda a lo que originalmente se aprobó? Adicionalmente, y de acuerdo con el Informe citado, otros 10 ramos más tuvieron traspasos superiores a los $30,000 millones de pesos: Comunicaciones y Transportes, Provisiones Salariales y Económicas, Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación, Aportaciones Federales, Defensa Nacional, ISSSTE, IMSS, Petróleos Mexicanos, Salud y Comisión Federal de Electricidad.

Por supuesto que el zoom podríamos hacerlo también a nivel de unidad responsable o programa presupuestario para tener una idea todavía más clara de qué tanto cambia la composición del gasto según estas clasificaciones, pero lo importante de esto es que, si bien se debe discutir y analizar la propuesta de presupuesto recién enviada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Cámara de Diputados, el debate no puede ignorar lo que efectivamente sucedió con el ejercicio 2023 y lo que sucederá con el de 2024, especialmente en el contexto de un año electoral.

Así pues, estos márgenes de alta discrecionalidad para mover y “jugar” con los recursos públicos, combinados con débiles o nulos mecanismos de rendición de cuentas, incrementan significativamente el riesgo de que unos cuantos terminen capturando y definiendo el destino de aquello que se suponía era de todos.

Fuente: El sol de México