La propuesta ciudadana #Ley3de3, que promueven agrupaciones civiles, plantea la obligación de todo funcionario de gobierno de presentar sin excusa alguna sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses, así como sanciones severas para quienes cometan actos de corrupción y su inclusión en una lista negra “de consulta obligatoria”.

Otros puntos de esa propuesta son establecer mecanismos para que los ciudadanos puedan denunciar actos de corrupción de manera segura y anónima, sin exponerse a represalias, y una clasificación de los diez actos de corrupción graves: soborno, desvío de fondos públicos, tráfico de influencias, abuso de funciones, enriquecimiento oculto, obstrucción de la justicia, colusión, uso ilegal de información falsa o confidencial, nepotismo, y conspiración para cometer actos de corrupción.

Como informamos anteayer, #Ley3de3 es impulsada por un grupo plural de ciudadanos y organizaciones civiles, entre ellas Información Accesible y Rendición de Cuentas, A.C. (Iarac), que tiene su sede en Mérida.

Los promoventes están recabando las 120,000 firmas que se necesitan —la movilización es nacional— para presentar la iniciativa ciudadana al Congreso de la Unión. El objetivo es que esa iniciativa se convierta en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, una de las dos nuevas normas que se deben crear a partir de la aprobación de la reforma constitucional que dio origen al Sistema Nacional Anticorrupción. Esto deberá ocurrir en mayo…

Nota completa en: Diario Yucatán