Hace 20 años en Mérida, fue adoptada La Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, (UNCAC) la cual busca que los países parte tengan un marco normativo adecuado, para combatir la corrupción, tengan políticas públicas enfocadas en la integridad y la rendición de cuentas y que se promueva la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos.
Lo importante 20 años después de la firma es reflexionar qué se ha hecho significativo en México atendiendo a los planteamientos de la convención.
En el año 2015 se llevó a cabo una gran reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para incluir en ella el Sistema Nacional Anticorrupción y la armonización de diversos artículos relativos a las responsabilidades de los funcionarios públicos. En forma derivada se crearon varias leyes secundarias, con especial relevancia la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y posteriormente las 32 leyes estatales correlativas que dieron vida a los Sistemas Estatales Anticorrupción de cada Estado
Estos sistemas Nacional y Estatales Anticorrupción, han presentado y aprobado una Política Nacional Anticorrupción, así como Políticas Estatales Anticorrupción, detallando en ellas prioridades y acciones que son correspondientes con los compromisos internacionales adquiridos por México en la convención de Mérida. No obstante, lo anterior, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad consideran que “El Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Nacional para combatir la corrupción, no siguen el modelo internacional de prevención, investigación y sanción de la corrupción”
Podemos observar que la normativa interna del país se ha armonizado de forma aceptable a los requerimientos internacionales. Sin embargo, es una realidad que, pese a los compromisos internacionales realizados y las adecuaciones de las normas internas correspondientes, México es un país muy contaminado de corrupción, la cooperación internacional no ha fluido realmente como se esperaba, por lo que la integridad y la obligación de rendir cuentas han quedado limitadas a leyes y políticas públicas en la mayoría de los casos sólo reflejadas en papel.
Por desgracia no hay realmente acciones contundentes para eliminar las prácticas corruptas, la impunidad en los casos de corrupción es descarada, las acciones del gobierno encubren tratos obscuros, deshonestos y arreglos previos. La Convención de Mérida, con sus 20 años de existencia, sigue siendo actual y vigente, contiene en sus artículos precisiones muy valiosas que detallan los puntos necesarios a atender si de verdad buscamos controlar la corrupción; los Sistemas Nacional y Estatales Anticorrupción, con sus Políticas Anticorrupción aprobadas son excelentes instrumentos de ejecución de esta valiosa convención. El gobierno quiere minimizarlo todo y voltear para otro lado, es labor indispensable de los ciudadanos no quitar el dedo del renglón y exigir el cumplimiento de la convención para que, de una vez por todas podamos controlar la corrupción que a diario nos perjudica a todos.
Fuente: Milenio
