Hace ya varios meses, la Red por la Rendición de Cuentas presentó en el Auditorio del Instituto Federal Electoral a los presidentes de todos los partidos políticos, una serie de propuestas destinadas a dotar al ciudadano de mayores herramientas para exigir cuentas a sus gobernantes. Un importante capítulo estaba destinado a reforzar y mejorar un derecho que ha sido lenta y difícilmente conquistado por la ciudadanía: el derecho de acceso a la información. Era el 2012 y las campañas electorales formales apenas calentaban motores por lo que no fue extraño que todos los presentes se comprometieran con una agenda ambiciosa que serviría para acotar la corrupción del país.
Un año y medio después de este episodio, la Cámara de diputados finalmente aprobó, por una inmensa mayoría, la anhelada reforma constitucional en materia de transparencia. Esta responde a una parte sustancial de las exigencias entonces comprometidas por lo que vale la pena reconocer sus avances.
En una apretada síntesis, la reforma fortalece el papel del órgano garante de acceso a la información federal (por ahora el IFAI) ya que le otorga autonomía constitucional, técnica y de gestión y establece que sus resoluciones serán vinculatorias, definitivas e inatacables. Amplía sus facultades ya que ahora podrá conocer no solo de la información del Poder Ejecutivo sino que además conocerá toda la información relativa al Poder Legislativo y al Poder Judicial a excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuyo caso lo resolverá un comité integrado por tres ministros. La reforma incluye a órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, sindicatos y todo ente que reciba y ejerza recursos públicos. Con esto, se abre la puerta a una vieja demanda de la sociedad que es la transparencia sindical y el manejo de los recursos públicos por parte de los partidos políticos. Se determina que los mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión sean expeditos y se incluye la posibilidad de un piso común de acceso a la información para todo el país a través de la emisión de una Ley General que fije plazos, criterios y garantías que puedan superar las asimetrías regionales que prevalecen hoy en día garantizando que todos los ciudadanos, sin importar su entidad o municipio de residencia, accedan por igual a la información. La reforma establece que el órgano garante federal podrá conocer, a solicitud de los particulares, sobre las resoluciones de órganos garantes estatales. Esta facultad “revisora” ha sido mal interpretada por políticos “oscurantistas” como una afrenta al federalismo, cuando en realidad esta posibilidad abre la puerta a que el ciudadano que no esté satisfecho con una resolución –como sucede actualmente en muchas entidades del país- pueda acudir a una segunda instancia que le garantice su derecho a la información. El enfoque de garantía de derechos fundamentales no puede ser más que una buena noticia. Por otro lado, la reforma obliga a documentar, registrar y archivar información sobre el ejercicio de los recursos públicos y los resultados de la gestión pública estableciendo las bases para que exista una Ley General de Archivos que garantice la preservación de información útil a la ciudadanía.
La reforma contiene un importante apartado de participación ciudadana ya que la designación de los Comisionados (que ahora serán 7 en lugar de 5) se hará por votación en el Senado, previa amplia consulta a la sociedad y no desde la Presidencia como sucedía antes. Faculta a que los actuales Comisionados puedan reelegirse y crea un Consejo Consultivo integrado por diez consejeros electos por el Senado, que acompañará las labores del órgano garante. El hecho de que el Consejero jurídico del Gobierno pueda interponer recursos de revisión ante un poder público colegiado como lo es la SCJN cuando las resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional y que exista un control a través de las controversias constitucionales, no demerita en nada el alcance de esta reforma.
Todo indica que en los meses siguientes los Congresos estatales seguirán el camino del Congreso federal y que esta reforma que contó con el liderazgo de representantes comprometidos con el tema pronto verá la luz de manera definitiva. Sin duda en esta ocasión, se libró bien la batalla.
Fuente: El Universal
