Brasil dio otro paso importante en el combate a la corrupción. La presidenta Dilma Roussef promulgó una ley que define la corrupción como “crimen hediondo”.

La normativa establece que las compañías que sobornen a funcionarios públicos pasan a compartir las responsabilidades penales de quienes aceptan el ilícito.

En México los legisladores no se ponen de acuerdo sobre uno de los primeros compromisos del presidente Enrique Peña Nieto: la creación de una Comisión Nacional de Anticorrupción. Es inevitable hacer una comparación entre México y Brasil. ¿Qué puede México aprender de Brasil? ¿Brasil es un ejemplo de buenas prácticas a seguir?

En medio de las protestas y la ira de los brasileños, hartos de la corrupción y el despilfarro de la clase política, la presidenta Dilma Roussef se vio obligada a acelerar las reformas anticorrupción. La furia brasileña se desató en primer instancia por el aumento a las tarifas del transporte público, pero en seguida los cientos de miles de brasileños incluyeron en sus demandas la mejor calidad de los servicios de salud y de la educación. Expresaron su hartazgo por los escándalos de corrupción de miembros destacados del partido gobernante y por los gastos exorbitantes en infraestructura para eventos deportivos como la Copa Mundial de Futbol en 1914 y las Olimpiadas de 2016.

Las protestas masivas por las carencias sociales que iniciaron con la inauguración de la Copa Confederaciones y recrudecieron debido a la represión policiaca, obligaron al gobierno brasileño a cancelar los aumentos de las tarifas del transporte público y acelerar medidas legislativas adicionales al combate a la corrupción.

El 2 de agosto de 2013 la presidenta Dilma Roussef promulgó la Ley Anticorrupción, aprobada por el Senado a finales de junio. Contempla severos castigos a empresas nacionales e internacionales que tratan de sobornar a funcionarios públicos. La nueva normatividad establece que que no solamente los empleados de una empresa tendrán que responsabilizarse por cohecho, sino que la empresa misma será responsable por el delito. Las multas ascenderán hasta a un 20% del ingreso bruto del año previo, con un máximo de sesenta millones de reales (un poco más de 26 millones de dólares). Las operaciones empresariales podrán ser suspendidas e incluso los activos podrán ser confiscados. También se podrá excluir a la empresa culpable para recibir donaciones, subsidios o préstamos de entidades públicas por un plazo determinado. Asimismo, la Ley Anticorrupción prevé un tratamiento diferenciado entre empresas negligentes en el combate a la corrupción y las que se esfuerzan en evitar ilícitos. Las empresas que demuestren que realizan auditorías internas, cuenten con un código de ética e incentiven la denuncia de irregularidades, podrán recibir sanciones menos severas.

En el 2010, se aprobó la Ley Ficha Limpia (Expediente Limpio). Esta Ley impide a los políticos con antecedentes penales ocupar cargos públicos. Más de un millón y medio de brasileños apoyaron la iniciativa, firmando una petición pública.

En 2011 se aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública, entrando en vigor un año después. En el primer mes, la Contraloría General de la Unión (CGU) recibió más de diez mil solicitudes de información. Lamentablemente Brasil no cuenta con un instituto autónomo (como el IFAI en México) para garantizar la correcta aplicación de la ley.

Desde agosto de 2012, casi 40 funcionarios del Partido de Trabajo (PT) fueron procesados ante la Suprema Corte de Brasil por emplear fondos públicos para comprar votos en el Congreso entre 2002 y 2005. Entre ellos se encuentra el exjefe del gabinete del entonces presidente Luis Inacio Lula da Silva, José Dirceu.

Entre 2010 y 2013, la presidenta Dilma Roussef despidió a seis ministros por estar vinculados con escándalos de corrupción. En junio de 2013, el Tribunal Supremo de Brasil dictó una órden de aprehensión contra el diputado Natan Donadon, quien había conseguido eludir una pena de 13 años de prisión por corrupción a través de distintos recursos judiciales.
En 2013, el Senado aprobó una ley que prohíbe el “voto secreto” para despojar del mandato a algún legislador acusado de irregularidades.

Estas medidas muestran que existe voluntad política para combatir la corrupción en Brasil y que la presidenta es sensible a los reclamos de los ciudadanos y los movimientos sociales. Brasil también quiere cumplir con la Convención de Anticohecho de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), siguiendo las recomendaciones que recibió en 2007 para acelerar medidas anticorrupción.

México es miembro de la OCDE y firmó la Convención Anticohecho en 1997, entrando en vigor en 1999. En comparación con Brasil, el avance en México ha sido muy lento, por no decir prácticamente nulo.

En 2012, la Secretaría de la Función Pública (SFP) de México elaboró un documento, con el título Memoria Documental, un recuento de la firma, participación y cumplimiento de las Convenciones internacionales Anticorrupción suscritas por el Estado mexicano.[1] En el documento se hace referencia a las evaluaciones recibidas por parte del Grupo de Trabajo de la OCDE (2000, 2004, 2011), donde destacan las recomendaciones recibidas en el 2004:
Impulsar una mayor colaboración con estados y municipios;
Ampliar la capacitación para contadores, auditores y abogados sobre el delito de cohecho transnacional;
Crear una lista de empresas involucradas en casos de cohecho, que pueda difundirse entre las instituciones de gobierno, previéndolas de tener tratos con ellas;
Asegurar que los servidores públicos cumplan con la obligación de denunciar actos de cohecho;
Garantizar que los contadores y auditores reporten delitos, de acuerdo con el artículo 116 del Código Penal Federal;
Facilitar la denuncia de delitos de cohecho y proveer canales eficientes para su presentación;
Adoptar y promover una protección amplia para denunciantes;
Concretar la aprobación de reformas legislativas pendientes en torno a establecer sanciones a personas morales, a eliminar los prerrequisitos de convicción de personas físicas y legislar en materia de protección a denunciantes.
¿Entonces, qué espera México? ¿Por qué tanta tibieza para tomar medidas legislativas anticorrupción?

México puede hacer muchas cosas para combatir la corrupción sin la necesidad de contar primero con una Comisión Nacional Anticorrupción. De hecho, la instancia brasileña que se encarga, entre otras cosas, del control de la aplicación de recursos públicos federales, de la corrección, la prevención y la lucha contra la corrupción y del aumento de la transparencia de la gestión en la administración pública federal es la CGU, comparable a la SFP en México.

Cabe señalar que la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción fue uno de los primeros compromisos de Enrique Peña Nieto y que en el Pacto por México se subrayó que “se pondrá especial énfasis en entidades como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad”.

Sin embargo, el lento avance en las reformas legislativas obligó a los partidos políticos a impulsar un segundo periodo extraordinario de sesiones para atender los pendientes del Pacto por México, entre ellos el fortalecimiento del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IFAI) y el Sistema Nacional de Anticorrupción. Ambas iniciativas de reforma estaban previstas para ser aprobados en diciembre de 2012.

Al escribir estas líneas, todo parece indicar que en dicho periodo se abordará la reforma constitucional del IFAI y que el asunto de la Comisión Nacional Anticorrupción quedará fuera por falta de acuerdos. Pese al compromiso presidencial, la iniciativa queda atorada en el Senado dado que no hay consenso sobre si la Comisión debe ser una fiscalía constitucionalmente autónoma (PAN y PRD) o si debe formar parte de la Administración Pública, no puede tener facultades persecutorias y el titular tiene que ser nombrado por el Ejecutivo (PRI).

México puede ser considerado un referente en cuanto a los mecanismos de acceso a la información pública, pero no así en cuanto a la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

Mientras que Brasil da muestras convincentes de querer combatir seriamente la corrupción, México sigue en deuda con sus ciudadanos.

Fuente: Peter Winkel /  Democracia Participativa. Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo A.C.