La Auditoría Superior de la Federación encontró que en el mar de irregularidades que existe en los 11 fondos de aportaciones federalizadas a estados y municipios, las autoridades estatales desviaron, no justificaron o no entregaron a los ejecutores un total de cuatro mil 535 millones 600 mil pesos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB).
Se trata del subsidio federalizado más cuantioso que se entrega a los estados, y que desde 1998 hasta 2011 ha canalizado un total de tres billones 345 mil 500 pesos a las entidades federativas.
“El FAEB registra de origen un problema de opacidad, puesto que los rubros y conceptos de gasto en los que se pueden aplicar sus recursos no están suficientemente definidos en la Ley de Coordinación Fiscal”, precisa el Diagnóstico sobre la Opacidad en el Gasto Federalizado, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación.
Este Fondo, creado en 1998, es la columna vertebral del financiamiento del sistema educativo nacional, pues con sus recursos se atiende al 60.5% de la matrícula nacional en enseñanza básica.
La Auditoría explica que este fondo registra varios problemas, incluidas sus reglas de distribución, pues más que generar equidad, han lastimado las finanzas de los estados con el menor número de matrícula, pues se basa en los alumnos que se atienden.
“La situación anterior, en apariencia equitativa, ha generado presiones en las finanzas de las entidades federativas que se han visto afectadas con la aplicación de la nueva fórmula, ya que la pérdida de recursos con esta forma de distribución, respecto de la que recibirían con el mecanismo anterior, la ha tenido que afrontar en un escenario de debilidades de sus finanzas por sus limitadas fuentes de captación fiscal.
“En ocasiones se dejan de pagar compromisos del propio FAEB, como es el caso de los terceros institucionales, para atender los requerimientos derivados de las pérdidas determinadas por la fórmula”, precisa el estudio.
Explica que a raíz de esta situación, la Cámara de Diputados decidió asignar una partida extra de mil millones de pesos anuales, a partir del 2009, para ayudar exclusivamente a las entidades con los mayores rezagos en los montos satisfactorios para cubrir los compromisos en educación; en el primer año se entregó a 22 entidades; en el segundo a 18; en el tercero a 23 y el año pasado a 21 entidades.
Las más beneficiadas fueron Veracruz, con 14.9%; Oaxaca con 11%; Guerrero con 11.4% y las menos beneficiadas fueron Chiapas y Baja California Sur, con una mejora de sus ingresos de sólo 0.2 por ciento.
Se esfuman 4 mil 535 millones
Pero la Auditoría Superior revela que en la revisión de la Cuenta Pública 2011, se detectó que en tres entidades, las cuales no menciona por su nombre, “no fueron transferidos a los ejecutores tres mil 724.3 millones de pesos, de los cuales se desconocía su destino y aplicación.
“Una vez que las entidades federativas reciben los recursos por la Federación, en ocasiones las secretarías de Finanzas estatales no los transfieren de manera ágil a los entes ejecutores (cuatro entidades en 2011), o en algunos casos no son transferidos, lo que se traduce en un retraso en el ejercicio o recursos cuyo destino se desconoce”, dice.
Otra irregularidad es la transferencia de recursos a otras cuentas bancarias, lo que en 2011 generó un monto observado de 41 millones 700 mil pesos.
Añade que “la falta de precisión de los rubros en los que se pueden aplicar los recursos del FAEB y la interpretación inadecuada de la normatividad en este aspecto, se manifestó en la revisión del Fondo en la Cuenta Pública 2011, en la cual se observaron 605.1 millones de pesos por el pago de gastos de operación que no se corresponden con los objetivos del Fondo; 108 millones 700 mil por el pago, con los productos financieros, de programas o conceptos no financiables con el FAEB, y 55.8 millones de pesos por el pago de impuestos estatales, entre otros”.
Una zona más de opacidad e irregularidades lo constituyen los comisionados del SNTE, pues existen cifras dispares; la ASF detectó a seis mil 402, a quienes se les hicieron pagos por mil 411 millones de pesos, amén de que hay trabajadores comisionados, pero que carecían de oficio de comisión correspondiente y por eso se observaron 198 millones 700 mil pesos.
A ello se suma detección de dos mil 764 docentes que cobran, pero no fueron localizados en los centros de trabajo de adscripción; es decir, el 3.9% de los 69 mil 987 trabajadores revisados.
